MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Fomento reconoció hoy un "avance significativo" en el cierre de la 'Operación Chamartín', después de que ayer el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, asegurara que de forma "inminente" estará cerrado el convenio que permitirá llevar a cabo el proyecto que supone enterrar la actual estación ferroviaria y cambiar su uso urbanístico y el de su entorno con el fin de liberar 312 hectáreas de suelo para viviendas y oficinas.
Así lo aseguraron a Europa Press fuentes del departamento que dirige Magdalena Álvarez, que sólo pudieron confirmar que las partes implicadas --Ayuntamiento de Madrid, Comunidad, Fomento (a través de Adif) y propietarios particulares de suelo han estado en contacto para desbloquear cuanto antes esta operación que lleva parada más de quince años.
Por su parte, un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación Territorial de la Comunidad de Madrid explicó a Europa Press que hace "mucho tiempo" que hay conversaciones entre todas las partes, y que ahora, el siguiente paso es llegar a un acuerdo y firmar un convenio entre todas las partes "de infraestructuras".
"Si se van a construir viviendas u oficinas, tiene que tener una contrapartida en materia de infraestructuras", aseguró, en relación a la posición de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, que ha señalado que este convenio sólo podrá salir adelante si las promotoras que participen en la Operación se hacen cargo del coste de las infraestructuras del transporte.
A partir de ese momento, el Ayuntamiento de Madrid deberá presentar un plan parcial, en el que, entre otras cosas, se tendría que aplicar la Ley de alturas, aprobada el pasado año por el Gobierno regional y que limita a cuatro alturas la construcción de inmuebles en la región, salvo en el caso de los denominados "edificios singulares. Después, la Comunidad "tendría que darle el visto bueno", concluyó.
En su largo trámite, el proyecto ha tenido varias revisiones, la más importante, la que amplió de 600.000 a más de tres millones de metros cuadrados la operación. De ellos, unos dos millones son propiedad del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) -antes Renfe-, otro medio millón corresponde a empresas públicas municipales y autónomas --como el Canal de Isabel II y la Empresa Municipal de Transporte (EMT)-- y el resto está en manos de particulares.
La clave para aumentar la rentabilidad del proyecto siempre ha estado en la edificabilidad permitida. El Ayuntamiento aprobó en 2002 una proporción de 1,05 metros cuadrados de edificación por cada metro cuadrado de suelo en el Plan General de Ordenación Urbana, similar a la de los rascacielos de la antigua Ciudad del Real Madrid. Pero aún tiene la llave para aprobar el plan específico para la zona.
En julio de 2006, la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, anunció el desbloqueo de la operación después de alcanzar un acuerdo con la operadora DUCH, encargada de explotar los terrenos, que incluía la construcción de 2.000 viviendas protegidas y que se desarrollaría en cinco años, quince menos de los inicialmente previstos.
