MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, ha asegurado este jueves que el Ejecutivo autonómico muestra "absoluta voluntad" de cumplir y aplicar el acuerdo sectorial para el personal funcionario de Justicia y con defender su aplicación "con todos los medios" y PSOE ha pedido que lo defiendan con "uñas y dientes".
Así lo ha indicado el consejero durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno de este jueves, al ser preguntado por la diputada socialista Pilar Llop sobre qué acciones concretas va a cometer el Gobierno regional en defensa del Acuerdo Sectorial para el personal funcionario de la Comunidad al servicio de la Administración de Justicia para el periodo 2017-2020.
Llop ha señalado que su grupo "está disgustado" por la decisión que adoptó el Gobierno nacional de impugnar el acuerdo sectorial, que años los sindicatos reivindicaron derechos laborales que afectaban a sus retribuciones.
"Estos acuerdos no se pueden incumplir, están amparados, y no se puede suspender y modificar el cumplimiento de estos pactos. Hay que tener en cuenta la singularidad de los trabajadores de la Justicia madrileña que tienen sobrecarga de trabajo, por ello les pedimos que defiendan este acuerdo con uñas y dientes y nos informen medidas concretas", ha solicitado Llop.
Garrido ha explicado que el citado acuerdo contempla una subida retributiva de 120 euros mensuales que se aplicaría gradualmente entre los ejercicios 2017 (45 euros), 2018 (90 euros) y 2019, cuando se llegaría a esa cantidad de 120 euros.
"Nos encontramos con un requerimiento de anulación por parte de la Delegación de Gobierno de Madrid que a nosotros también nos disgusta, requerimiento que fue rechazado por la Comunidad de Madrid, y que dio lugar al recurso contencioso administrativo por la Delegación del Gobierno en Madrid", ha señalado.
Así, el consejero ha indicado que, al conocer este recurso el 15 de febrero se mantuvo una reunión con las 4 organizaciones sindicales firmantes del acuerdo en las que se trasladó el compromiso expreso de defender el cumplimiento del acuerdo, y defenderlo.
"El gobierno se ha opuesto a la medida cautelar que se ha solicitado mediante escrito dirigido al Tribunal Superior de Justicia, en el alegamos entre otras razones que el prejuicio económico no es en absoluto reparable, así como que se produce un grave daño a los funcionarios directamente afectados que prestan un servicio público complicado", ha aseverado.
Por último, Garrido ha insistido en que "se puede deducir" que hay "una absoluta voluntad de cumplir este acuerdo sectorial suscrito" y "de defender su aplicación" con todos sus medios y gracias también "al trabajo que realizan los funcionarios de justicia de la Comunidad de Madrid".
