El Gobierno regional informa al magistrado que no adelantará dinero hasta que haya una sentencia que declare las costas procesales
MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -
El juez instructor del 'caso Guateque', Santiago Torres, conminó hoy a la Comunidad de Madrid a proveer de fondos a los peritos encargados de la investigación patrimonial de los funcionarios y empresarios imputados en la causa para no entorpecer el procedimiento judicial.
Al destapar a mediados de noviembre la trama corrupta, el magistrado designó a varios peritos económicos para comprobar el enriquecimiento personal de los imputados gracias a su participación en la supuesta red ilegal de trafico de licencias. Desde entonces, los técnicos continúan con el peritaje patrimonial a instancias del juez, sin obtener fondos para llevar a cabo su trabajo.
El magistrado remitió el pasado 22 de noviembre una providencia a la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas de la Comunidad en la que solicitó "una provisión de fondos para la práctica de una prueba pericial" relacionada con la investigación. En contestación al requerimiento, Justicia explicó al juez que no adelantaría el dinero, puesto que "el estado de la causa impide conocer si esta Administración será deudora del importe del informe pericial", basándose en un informe emitido por los servicios jurídicos de la Comunidad.
Por contra, el juez subrayó a varios periodistas en los pasillos de los Juzgados de Instrucción que "los peritos tienen derecho a cobrar antes de que se declaren las costas procesales". Aludiendo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC), Torres subrayó que esta normativa habilita a los técnicos a renunciar si no cobran por la auditoría encargada.
"Los jueces esperan que la Administración cumpla con su deber", recalcó el magistrado, al tiempo que reconoció que si los especialistas económicos renuncian a realizar el informe pericial habría "un problema".
PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES
En el escrito, fechado el 19 de diciembre, el departamento que dirige Alfredo Prada esgrime a Torres que todavía no se sabe quién debe de pagar los gastos que supongan la realización de la prueba pericial. La denegación de la provisión de fondos se basa en el artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC), que establece que "serán los autos o sentencias las que pongan término a la causa o, en cualquiera de los incidentes, los que deberán resolver el pago de las costas procesales".
Al no haber sentencia sobre el caso, según la Comunidad, "se desconoce cuál de los pronunciamientos a los que se refiere el artículo 240 de la LEC será el que finalmente proceda, y por ello si resultara obligada al pago de alguna de las partes o si declararán las costas de oficio".
"La Comunidad de Madrid sólo debe afrontar los pagos cuando realmente sea la deudora de aquéllos tal y como se exige en la normativa reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid", recalca.
