MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -
El diputado regional y portavoz de la Comisión de Vivienda de la Asamblea de Madrid, Gregorio Gordo, criticó hoy "la falta de soluciones al problema de la vivienda" por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid", y lamentó que la comparecencia de la Consejera de Vivienda haya sido "más administrativa que política", a lo que añadió que lo más positivo "es que, por lo menos, ha reconocido que en la región hay un problema grave con este asunto".
"La propia división de la Consejerías de Ordenación del territorio y Vivienda pone de manifiesto que para el PP la vivienda no debe tener regulación alguna sobre los suelos que ocupa, ya que ambos asuntos se ven exclusivamente como oportunidades de negocio, y así no resolvemos nada", manifestó Gordo.
En este sentido, destacó que "a pesar de las miles de hectáreas construidas, los precios de la vivienda no han dejado de crecer en nuestra región, y ésta se ha convertido en una artículo de lujo, al que no pueden acceder gran parte de la población, sobre todo los jóvenes".
Gordo añadió que para buscar realmente soluciones y garantizar el derecho a una vivienda digna, "es necesario acometer de forma inmediata la reforma de la ley del suelo, adaptándola a la ley estatal y generalizando los sistemas públicos de gestión del suelo, de tal forma que se pueda garantizar más del 69% de vivienda protegida y el alquiler, no excediendo éstos últimos del 25% de los ingresos de los adjudicatarios". "Esta reforma debe ir acompañada de la elaboración y aprobación de un Plan de Estrategia Territorial", añadió.
"Además, es necesario que se consoliden y amplíen las competencias del IVIMA y que haya un compromiso cuatrienal de promoción de 5.000 viviendas al año en alquiler, sin derecho a compra, para jóvenes", puntualizó.
Otras medidas propuestas por el Grupo Parlamentario de IU son la creación de un Instituto Regional del Suelo, el apoyo para la creación de Empresas Municipales de Vivienda en los grandes municipios, el ejercicio del derecho de tanteo y retracto en todas las transmisiones de vivienda protegida, la reserva de, al menos el 50% de vivienda protegida en cada uno de los desarrollos que se lleven a cabo y la potenciación de la política de rehabilitación.
