MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
Juristas y técnicos de Hacienda han argumentado este martes, durante su participación en la jornada 'El endeudamiento municipal: La situación en 2010-2011', organizada por el Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), que las decisiones adoptadas por el Ejecutivo central con respecto a la deuda de las corporaciones locales son "desproporcionadas" y han pedido más "flexibilidad" para su aplicación en cada caso.
El catedrático de Derecho Administrativo y director del Instituto de Derecho Local de la UAM, Francisco Velasco, ha explicado a Europa Press al término de la jornada que, "tal y como está ahora mismo regulada la financiación municipal en el proyecto de presupuestos para 2011, es como matar moscas a cañonazos".
"Toda la deuda de los ayuntamientos es el 6,1 por ciento de la deuda total de España y, para impedir que haya más, se dice que ya ningún ayuntamiento puede hacer deuda. Eso es matar moscas a cañonazos, porque lo que pueda suponer para la economía global de España es insignificante en términos reales, pero las consecuencias económicas para todos los ayuntamientos, que mueven el 13 por ciento del PIB nacional, son tremendas", ha señalado.
Porque, entre otras cosas, esta decisión podría suponer que muchos consistorios alarguen sus plazos de pago a proveedores --ya muy dilatados como consecuencia de la crisis--, o que "incluso puedan llegar a dejar de pagarles, lo que llevará a Expedientes de Regulación de Empleo, cierre de empresas y gente a la calle".
"Por supuesto que se puede controlar la deuda, y hay límites que el Estado puede utilizar, pero no sin justificar una medida económica con una prohibición tan alta; es desproporcionada", ha insistido el catedrático.
Además, ha lamentado que este tipo de decisiones se hayan tomado "sin matices, sin flexibilidad" entre las diferentes situaciones de cada corporación.
"No se pueden poner a los ayuntamientos patas arriba, las cosas tienen que ser más matizadas, identificando a quién sí y a quién no. Creo que no han medido mucho qué puede pasar en unos días si Madrid, Valencia, Málaga, Sevilla, Zaragoza... no pueden pagar a sus proveedores. Ése no es un problema de los ayuntamientos, sino de toda la economía que los rodea. Si la decisión no está muy justificada el resultado el trastorno será tremendo, porque muchos proveedores irán a la quiebra", ha concluido.
LA VISIÓN DEL GESTOR
Por su parte, la coordinadora general de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, Mireya Corredor, también ha reclamado en declaraciones a Europa Press una mayor "flexibilidad del régimen jurídico actual", ya que en la actual coyuntura económica el recurso a la deuda a largo plazo no se justifica, como recoge la Ley de Haciendas Locales, en la realización de inversiones, sino que "algunos ayuntamientos necesitan recurrir a ella para garantizar adecuadamente la liquidez de sus tesorerías para pagar sus obligaciones".
"Esto requiere una flexibilidad del régimen jurídico actual, del marco normativo. Pero, en lugar de eso, que sí se ha hecho con las comunidades autónomas, a los ayuntamientos se les prohibirá endeudarse", ha lamentado Corredor.
Una medida que, a su juicio, "no tiene sentido ni desde el punto de vista jurídico ni desde el económico", ya que el Plan de Estabilidad y Crecimiento 2009-2013 del Estado "marca la reducción del déficit en las diferentes administraciones públicas para ese plazo" --0,6 por ciento del PIB en 2011; 0,8 por ciento en 2012; 0,3 por ciento en 2013; y 0,2 por ciento en 2014--.
"Pero ese objetivo no es compatible con la prohibición de endeudamiento, porque en la contabilidad nacional el déficit y la deuda van muy unidos, y si se prevé que los ayuntamientos tengan déficit pero les prohíben endeudarse, entonces la realidad será que no podremos pagar a proveedores. Mientras, las comunidades y el Estado sí financiarán su déficit con deuda", ha puntualizado la responsable madrileña.
Además, ha argumentado que el mismo Plan de Estabilidad incluye la previsión de un aumento de la deuda hasta el 74 por ciento del PIB en 2013 --actualmente está en el 50 por ciento--, "pero los ayuntamientos no pueden ya no coger parte de ese crecimiento de la deuda, sino ni siquiera refinanciarla".
Porque ésa es otra de las caras de este problema. Al haber decidido el Ejecutivo central que los ayuntamientos no puedan refinanciar la deuda que vence a 31 de diciembre (257 millones en el caso de la capital), "la liquidez irá al pago de los bancos y no de los proveedores".
"Además, es un círculo vicioso, ya que ese aumento de los plazos de pago a proveedores y contratistas hará que las grandes empresas exijan más intereses de demora, por lo que será más caro, mientras que las pymes estarán abocadas al cierre y a la destrucción de puestos de trabajo", ha explicado.
En la jornada, celebrada en la Facultad de Derecho de la UAM, han participado también el tesorero de la Diputación de Sevilla, José Manuel Farfán, y el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Navarra Fernando de la Hucha y el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona Joaquim Tornos.
