Aguirre y Camps reclaman al Gobierno central una reforma que tenga en cuenta las necesidades derivadas del incremento de población
MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana han dejado de recibir, al menos, un total de 2.901 y 2.476 millones de euros, respectivamente, debido a la "inactividad del Gobierno central" respecto al sistema de financiación autonómica, que ha perjudicado a las comunidades autónomas que más han crecido en población desde la entrada en vigor del modelo, según los datos recogidos en las conclusiones de la 'minicumbre' celebrada hoy entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el presidente de la Generalitat, Francisco Camps.
Por ello, ambos líderes solicitan al Gobierno de España que desarrolle o, en su caso, reforme el actual Sistema de Financiación de las comunidades autónomas, que fue aprobado por unanimidad en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de tal manera que se tengan en cuenta las mayores necesidades de financiación derivadas del incremento de población en los últimos 8 años en 936.363 y 818.555 habitantes, respectivamente.
En este sentido, Camps, que fue el responsable de exponer ante la prensa este capítulo, señaló que "el Gobierno tiene, de forma urgente, que reconocer que la Comunidad de Madrid y Valencia han crecido en un millón de personas más, que ahora son atendidas en aspectos tan importantes como sanidad, educación, vivienda y dependencia, por los gobiernos autonómicos", lo que significa, en términos presupuestario, en torno "al 80 por ciento del presupuesto" de ambas comunidades.
Para Camps, "el superávit de las cuentas del Estado se soporta sobre la tensión presupuestaria a la que tiene sometido el Gobierno a las comunidades autónomas, que son las que prestan los servicios básicos a los ciudadanos", porque "el Estado ingresa más dinero y las comunidades gastan más dinero".
Y es que, según los dos jefes autonómicos, los nuevos ciudadanos demandan y reciben servicios públicos (Sanidad, Educación, Servicios Sociales) que son prestados por las Administraciones autonómicas sin que las comunidades reciban "la financiación suficiente" ya que el Gobierno central, "de forma deliberada y a pesar de haberlo anunciado en su momento, no ha querido desarrollar el actual modelo, ni abordar la reforma del mismo".
Aguirre y Camps destacan además que estas regiones sufren además un crecimiento asimétrico de la población, debido fundamentalmente a la inmigración, que se ha traducido en un mayor incremento del gasto, debido a la necesidad de prestar servicios esenciales como la sanidad y la educación. Asimismo, ven "desequilibrios verticales" en el ámbito de las relaciones financieras entre la Administración del Estado y las CC.AA, dado que los gastos que genera la inmigración son soportados en su práctica totalidad por estas últimas al tener las competencias transferidas, sin obtener una contrapartida proporcional en la vertiente de los ingresos que, en una gran proporción, son recaudados por el Estado.
Así las cosas, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana "tienen una financiación per cápita sensiblemente inferior a la media, pese a que tienen que prestar los mismos servicios públicos que el resto de autonomías", lamentan.
En el caso de que el Gobierno de la Nación decida reformar el actual Sistema de Financiación Autonómica, Aguirre y Camps acordaron hoy reclamar que se recojan los principios de generalidad y multilateralidad, suficiencia financiera, solidaridad, igualdad, autonomía y lealtad institucional.
De este modo, piden un modelo consensuado y acordado en un foro multilateral, que además incluya la financiación de todos los servicios prestados por las CC.AA. Además, debe aportar los recursos suficientes para poder prestar los servicios públicos a todos los ciudadanos.
En cualquier caso, a su juicio, "la variable población total y sus incrementos debe ser el elemento fundamental para cuantificar dinámicamente las necesidades de financiación de cada región, sin olvidar las tensiones financieras que pueden generar otras variables como su envejecimiento, la dispersión geográfica o la insularidad".
La solidaridad debe reflejarse en un modelo solidario donde todas las regiones tengan recursos suficientes para financiar sus servicios públicos con independencia de su recaudación tributaria, mientras que la igualdad vele por que la financiación per cápita de las regiones debe situarse en un margen más estrecho que el actual. "Las diferencias en financiación per cápita deben responder a criterios objetivos de coste de prestación de servicios", destacan.
En cuanto a la corresponsabilidad fiscal, Madrid y Valencia hacen hincapié en que los recursos de las Comunidades deben sostenerse en una cesta de impuestos equilibrada. "Las CC.AA deben recibir los recursos necesarios para financiar sus servicios a través fundamentalmente de impuestos recaudados en su región, por ello deben incrementarse los porcentajes de cesión de IRPF e IVA", recoge el texto pactado entre los dos Gobiernos autonómicos.
Finalmente, subraya que el Gobierno de España debe respetar el principio de Lealtad Institucional recogido en la LOFCA, de tal manera que se compense financieramente a las comunidades autónomas por las decisiones de la Administración General del Estado que supongan incrementos de sus gastos o disminución de sus ingresos. "Ello resulta especialmente relevante teniendo en cuenta que el grupo de trabajo creado a tal efecto en el seno del CPFF lleva años sin ser convocado", agrega.
