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MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -
Manos Limpias ha denunciado al rector de la Universidad Complutense, José Carrillo, al director del Departamento de Anatomía Humana II, Ramón Mérida, y al decano de la Facultad de Medicina, José Luis Álvarez-Sala, por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores, delitos contra la salud pública, delito contra el medio ambiente, delito contra los sentimientos religiosos y respeto hacia los difuntos y delito de prevaricación en el escándalo promovido por el tratamiento dado a más de 250 cadáveres hacinados en dicho departamento.
En la denuncia presentada el martes, a la que ha tenido acceso Europa Press, el colectivo de funcionarios públicos Manos Limpias considera que esta situación "atenta contra los más elementales principios de humanidad y especialmente es un insulto a la dignidad de la persona, figura ésta que tiene protección jurídica como es sabido en el artículo 10 de la Constitución Española".
Además, señala que se están vulnerando "de forma continuada y patética" los derechos, tanto de los donantes como de sus familiares, y se están tratando restos y cadáveres humanos "peor que si fuesen los despojos de una casquería".
"La alarma e indignación de la ciudadanía es, como no puede ser de otra manera, enorme ante la descripción, tanto escrita como audiovisual, de algo que en modo alguno puede tolerarse ni consentirse", ha indicado el sindicato, en referencia a las informaciones del diario 'El Mundo', que incorpora a la denuncia.
Así, citan el hacinamiento de cadáveres donados a la ciencia "sin control ni higiene" en la Facultad de Medicina, que llevan acumulados "siete años sin ser incinerados", mientras que el horno está en pésimas condiciones, "emite gases nocivos" y el funcionario encargado del mismo se ha jubilado.
Manos Limpias también se ha hecho eco de que los cadáveres se alquilan a "750 euros" para cursos privados "cuando los donantes, de manera altruista, han cedido sus cuerpos para el desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas o la investigación de nuevas vías de abordaje terapéutico".
El sindicato argumenta que cualquier curso o actividad que suponga un ingreso patrimonial en las arcas de la universidad, tiene que estar aprobado por el Consejo de Gobierno y el Consejo Social de la Universidad Complutense de Madrid.
"Si los cadáveres han sido alquilados o comercializados sus restos para actividades lucrativas han tenido que contar con el conocimiento y aprobación de los órganos rectores de la Facultad y de la Universidad, desvirtuando la finalidad altruista de las donaciones, de los donantes y de los familiares", exponen en la denuncia.
