MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
El sindicato CSIT Unión Profesional ha hecho hoy entrega a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid, de las 75 firmas recogidas entre los funcionarios que prestan sus servicios en la sede de los Juzgados de lo Penal de la calle Julián Camarillo, manifestando su "firme oposición" a la separación de dichos juzgados en diferentes edificios.
El consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, anunció en diciembre el contenido del Plan de Mejora de Infraestructuras Judiciales, en el que incluía la reagrupación de estas sedes para concentrarse en el barrio de San Blas con la adecuación de un nuevo edificio en el número 31 de la calle Albarracín, que estará listo previsiblemente a partir de septiembre de 2018, uniéndose a las instalaciones de las calles Julián Camarillo y Hermanos García Noblejas.
En su momento, CSIT Unión Profesional ya se opuso porque "las tareas y la organización del trabajo en las oficinas judiciales requieren edificios e instalaciones adecuadas al trabajo que se debe realizar en ellas y la Administración no tiene en cuenta varias necesidades específicas".
Entre ellas, señalan que los vehículos de traslado de detenidos han de caber por la entrada y los calabozos han de ser adecuados. También reclaman separación de espacios de detenidos, funcionarios, profesionales y público, evitando que las víctimas y agresores compartan sala de espera, o que las oficinas garanticen la confidencialidad de declaraciones o comparecencias, etcétera.
Ahora, casi un centenar de funcionarios afectados manifiestan su oposición porque dividir los Juzgados de lo Penal en dos inmuebles "contradice el principio de concentración de sedes penales que dice perseguir el Gobierno de la Comunidad de Madrid, ya que separa los únicos juzgados que estaban unificados".
Esto, a su juicio, genera "enormes disfunciones", como que los servicios de Decanato, Fiscalía y la Clínica Forense permanecerían en Julián Camarillo, lo que "obligaría al traslado diario de cientos de expedientes, escritos, documentos y correo entre ambos edificios". "Supondría un trasiego de expedientes por plena calle, incoherente con el principio de modernización de la justicia y cuyo porteo no corresponde a los funcionarios de justicia", apuntan.
Además, creen que el cambio generará "confusión" entre los ciudadanos, que "verían mermada la calidad de su atención al tener que desplazase entre ambas sedes para obtener información o realizar videoconferencias".
Por último, consideran que sería "imposible" celebrar en el mismo día juicios en distintos juzgados penales en los que deba intervenir un mismo testigo o abogado. "Hasta ahora, al compartir los juzgados el mismo espacio y tener las vistas coordinadas, esta circunstancia no obliga a la suspensión de juicios", apostillan.
Además, los funcionarios firmantes añaden que no se les ha consultado a ellos, "el colectivo que mejor conoce el funcionamiento diario", y que, "en ningún caso", el trasladar las dependencias a diferentes edificios responde a "una necesidad o demanda por parte de ninguno de los colectivos que trabajan en la sede actual del Juzgado de lo Penal".
