MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -
La mitad de las doce empresas de prestación de servicios de telefonía móvil inspeccionadas por la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid no mostraban correctamente los precios finales de venta al no reflejar el IVA y otros gastos en la oferta del precio del servicio.
Según ha informado el Gobierno regional en un comunicado, durante la campaña se descubrieron hasta 189 irregularidades sobre un total de 527 puntos evaluados en estas empresas, lo que supone casi un 36% de no conformidades en la normativa vigente en materia de consumo.
La inspección se llevó a cabo fundamentalmente mediante cuestionarios, pero también se visitaron tiendas para evaluar la contratación presencial y la distribución de productos (sobre todo, en el caso de operadores virtuales), así como las páginas web de las doce empresas proveedoras.
En cuanto a las condiciones generales de los contratos, se incluían cláusulas abusivas que vulneran los derechos de los consumidores, como el cobro por adelantado de una fianza ante una posible portabilidad (cinco empresas) o la imposición de cargos por cancelar la portabilidad solicitada (cuatro operadores). El ejercicio de este derecho de revocación no ha de implicar gasto alguno para el consumidor.
Por otra parte, la mayoría de las nuevas operadoras virtuales de telefonía móvil, que contratan a distancia, omitían o no respetaban el derecho del consumidor a desistir del contrato en el plazo de siete días, como marca la ley.
Además, se descubrieron cargos con posible carácter abusivo como los casos de tres operadoras que cobraban por la emisión de facturas o de ocho empresas que establecían en los contratos la pérdida de saldos en prepago si no se consumían en un cierto período.
Respecto a la liberación de terminales, se comprobó que estaba sujeta a dificultades en seis de las empresas inspeccionadas, pues requerían el mantenimiento del contrato o cobraban cantidades desproporcionadas por el servicio, más de 20 euros en algunos casos.
También se han registrado irregularidades en materia de garantías de los terminales; por no enviar confirmación escrita de la contratación en los procesos telefónicos o electrónicos; por oscuridad en la redacción de determinadas cláusulas o por no incluir el NIF del operador en su página web. Tampoco coincidía siempre la información previa recibida por el consumidor con los documentos contractuales posteriores (tres operadores).
Tras todos estos resultados, Consumo incoará los oportunos expedientes sancionadores en los casos más graves y continuará con un especial control a un sector que ha alcanzado un nivel de penetración del 109 por ciento respecto a la población total.
