18 de octubre de 2019
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  • 1 de julio de 2014

    La patronal espera respuesta de Economía tras denunciar hace tres meses la adjudicación de las bicis públicas a Bonopark

    La patronal espera respuesta de Economía tras denunciar hace tres meses la adjudicación de las bicis públicas a Bonopark
    AYUNTAMIENTO DE MADRID

    MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

    La Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE) está a la espera de recibir una respuesta del Ministerio de Economía y Competitividad después de que hace tres meses presentara una denuncia ante la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado sobre la adjudicación del servicio público de bicicletas de la capital a la empresa Bonopark.

    Después de los problemas que han tenido en su primera semana, tras la inauguración del servicio el pasado lunes, la patronal está "impaciente" por conocer cuál es la respuesta de esta Secretaría en tanto en cuanto está "convencida" de que antes de que arrancara el servicio ya existían dudas de la solvencia técnica y financiera de la empresa adjudicataria.

    La denuncia de AMBE ha llegado al Ministerio después de que el pasado mes de marzo presentara otra denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con el fin de que este órgano actuara de oficio e interpusiera un recurso contencioso administrativo contra la adjudicación.

    Sin embargo, la CNMC respondió a la asociación explicando que, según la normativa vigente, "sólo dispone de un plazo de dos meses desde la publicación o notificación del acto impugnado" en sí para interponer dicho recurso. Y en este caso, tanto la aprobación de los pliegos (26 de julio de 2013) como la adjudicación del contrato (10 de octubre de 2013) o la difusión de la formalización del mismo (8 de noviembre de 2013) se habían realizado hace tiempo.

    No obstante, la CNMC informaba a la asociación que la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM) permite que los operadores informen a la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado "en cualquier momento" sobre "cualesquiera obstáculos o barreras relacionadas con la aplicación de la ley" y que, por ello, daba traslado del escrito a este organismo.

    Fue entonces cuando la asociación decidió, independientemente de esto, ampliar su denuncia con más información ante este organismo dependiente del Ministerio. En el documento, fechado a 8 de abril de 2014 y al que ha tenido acceso Europa Press, AMBE hablaba de que la adjudicataria no cumplía uno de los requisitos que se pedían relacionado con la "solvencia técnica" de la empresa.

    Así, pedía que se evaluara si por parte del Ayuntamiento de Madrid se habían establecido "barreras y obstáculos" para que "cualquier empresa pudiera acudir a concurso con el requisito de la solvencia técnica probada a través de la gestión durante los últimos tres años y en un solo contrato, de un sistema de 2.000 unidades", cuando, según aseguran, Bonopark "manifiestamente no cumple dicho requisito ni el sistema que se está implantando lo cumple".

    REUNIÓN EN EL AYUNTAMIENTO

    Hacen referencia a una reunión a la que la asociación acudió de la Comisión de Seguimiento del Plan Director de Movilidad Ciclista del Ayuntamiento de Madrid donde, según AMBE, el gerente de Bonopark explicó que todo el diseño, sistema modular, software y reducción de costes era llevado a cabo por la propia empresa.

    En este punto es donde la patronal se preguntó qué relación tenía Bonopark con la empresa americana Alta Bicicly Share, que es la que había permitido que cumpliera el requisito de las 2.000 unidades --según AMBE, Bonopark es una empresa que sólo cuenta con la experiencia de haber implantado cien unidades de bici pública en la ciudad de San Sebastián--.

    Tras las incidencias con el servicio en los últimos días, cuando más de 4.000 usuarios se han dado de alta colapsando el sistema operativo, la Asociación está a la espera de conocer la valoración de la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado, según ha explicado a Europa Press el secretario general, Carlos Núñez.

    De hecho, quieren constatar que, como ellos preveían, la empresa Bonopark no tenía ni solvencia técnica ni financiera para desarrollar este proyecto --aseguran que su capital suscrito era de 625.000 euros, cuando el importe del contrato ascendía a 25 millones de euros--.