CSIT cree que la medida evitará casos como el traductor de kurdo con antecedentes penales que fue detenido cuando trabajaba en Barajas
MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
El sindicato CSIT Unión Profesional alertó hoy de los problemas que registra el servicio de traductores en comisarías y Juzgados de la región, por lo solicitó hoy al Gobierno central y a la Comunidad de Madrid que inicien el proceso para ofertar plazas en la categoría de traductor, ya que al no salir a Oferta de Empleo Público "están fuera de los requisitos mínimos que ha de cumplir cualquier empleado público"-
La petición nace de la necesidad de conseguir unos servicios públicos "de calidad" que aseguren y garanticen al ciudadano y a la Administración que se están respetando todos los derechos y garantías constitucionales. El convenio colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid establece para la categoría de traductor un nivel ocho y estudios universitarios de licenciado.
"Este objetivo sólo podrá llegar a cumplirse cuando las administraciones creen estas plazas para ser cubiertas por empleados públicos, que por su condición, no pueden tener antecedentes penales ni engañar al juez o a las partes implicadas en los procesos", indicó el sindicato tras el caso registrado el pasado mes de mayo en el aeropuerto de Barajas.
Concretamente, indicó que el pasado 1 de mayo un intérprete de kurdo se personó en las instalaciones de la Policía en el aeropuerto madrileño, pero fue inmediatamente detenido porque sobre él pesaba una orden de búsqueda y tenía siete antecedentes policiales.
CSIT-UP señaló que los centros dependientes del Ministerio del Interior (comisarías de policía y cuarteles de la guardia civil), del Ministerio de Justicia (Tribunal Supremo y Constitucional) y de la Consejería de Justicia y las administraciones Públicas de la Comunidad (Juzgados y Tribunales de la región) cubren sus necesidades de traducciones desde el año pasado mediante una empresa que, tras presentarse al concurso público que convocaron dichas administraciones, se hizo con la gestión de este servicio hasta finales de 2008.
En el concurso público, las administraciones "no exigían" unos requisitos mínimos de obligado cumplimiento que garanticen la fiabilidad y la eficacia en la prestación de estos servicios en los centros mencionados, según el sindicato.
"De esta forma, los traductores que carecen de contrato no prestan ningún juramento ante los funcionarios que representan a las administraciones, y como no se comprueban sus antecedentes ni su documentación en regla, no están sujetos a las normas que rigen y garantizan el buen funcionamiento de la Administración y no existe garantía de que no vayan a pactar con alguna parte implicada o incluso boicotear al propio sistema, pudiéndose crear situaciones irresolubles por la autoridad judicial", concluyó el sindicato.
