MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma por un Centro para la Paz y la Memoria, que defiende la creación de unas instalaciones dedicadas a este fin en la cúpula de la antigua cárcel de Carabanchel, anunció hoy que emprenderá acciones legales contra la concesión, por parte del Ayuntamiento de Madrid, de la licencia de derribo, otorgada "en tiempo récord".
También se dirigirán al Ministerio de Cultura para que se pronuncie sobre la declaración de Bien de Interés Cultural que fue presentada por la Plataforma el pasado mes de julio y que mañana será solicitada de nuevo por IU en el Pleno de la Asamblea de Madrid.
Asimismo, se está preparando un escrito para entregar en el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional con el fin de informar al juez Baltasar Garzón sobre el inicio de la demolición de la cárcel a pesar de la solicitud de información incluida en su auto, con fecha de 16 de octubre, en las diligencias previas del procedimiento por el que investiga los crímenes de la dictadura franquista.
Pero la plataforma, integrada por asociaciones vecinales, organizaciones de defensa de la memoria histórica de la lucha antifranquista y personas de diversos ámbitos sociales y culturales, no se quedará ahí: anuncian que mantendrán las visitas guiadas todos los domingos, desde las 12.00 horas.
Eso sí, estas visitas cambiarán su carácter ante la prohibición de permitir la entrada a los vecinos al interior de la prisión. Ahora las visitas aumentarán el contenido cultural e histórico y se complementarán con un recorrido visual para destacar la potencia arquitectónica del edificio.
MANIFESTACIÓN EL 8 DE NOVIEMBRE
Por otro lado, la Plataforma apoyará la manifestación convocada para el 8 de noviembre por la Coordinadora Vecinal de Latina y las asociaciones de vecinos de Carabanchel Alto y Parque Eugenia de Montijo bajo el lema 'No a la especulación, todos los terrenos de la cárcel para equipamientos sociales'.
Con esta movilización se exigirá que se tenga en cuenta la propuesta vecinal que contempla la construcción de un hospital de gestión pública, una residencia para los mayores y equipamiento universitario, además de mantener parte de la estructura central de la cárcel para la construcción de un centro para la paz y la memoria. Por otro lado, los vecinos consideran que la carta remitida por Instituciones Penitenciarias, en la que acreditan la inviabilidad de la cúpula, "no es más que una maniobra para crear confusión ante el gran número de adhesiones que tiene la propuesta de la Plataforma". Entre ellas destacaron la del Defensor del Pueblo o la de "centenares" de personas relacionadas con el mundo de la cultura, la política, el sindicalismo, la investigación y la universidad.
En dicha carta Instituciones Penitenciarias explican que un informe realizado por un equipo compuesto por arquitectos, ingenieros industriales y de Caminos inspeccionó este centro de vigilancia destacando su "precario estado", incompatible con las condiciones de estabilidad del edificio. Por todo esto consideraron no conveniente acometer actuación alguna de apuntalamiento o reparación.
Para la plataforma en defensa de la cúpula, la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, "perdió ayer toda credibilidad al negar el inicio de las obras de demolición, cuando eran evidentes los primeros trabajos de las grúas".
APUESTA POR EL INFORME DEL COAM
También criticaron los informes técnicos presentados que niegan la posibilidad de rehabilitar el edificio de la cárcel "cuando el Colegio de Arquitectos de la Madrid afirmó que técnicamente el edificio puede ser conservado, restaurado o rehabilitado en su totalidad o en sus partes más significativas".
Para los vecinos, la oferta de Gallizo de ubicar un monumento, una plaza y un centro de investigación de la memoria democrática en la parcela de la antigua cárcel es "la misma propuesta que ya estaba incluida en el protocolo de intenciones firmado el 16 de junio entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Madrid, que resulta contraria a mantener la estructura central de la prisión".
La entidad insistió en que la represión franquista "requiere que se le dedique un espacio físico para su recuerdo, que no puede ser sustituido por una placa, un monumento o una mención en el nombre de las calles de los más de 650 pisos que el Ministerio quiere construir en la cárcel para obtener plusvalías a través de especular con el suelo público".
