PINTO, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Partido Popular de Pinto consideró hoy que la indemnización de 4 millones que deberá pagar a cuatro años el Ayuntamiento pinteño a una empresa por no poder ejecutar un convenio urbanístico supone "trato de favor a constructores" vinculados al concejal de Urbanismo, Carlos Penit.
En este sentido, los populares consideraron que la firma de este convenio -aprobado en el Pleno del pasado día 25- supone una "nueva prueba del transfondo ladrillista de la moción de censura" que, en diciembre de 2008, rubricaron PSOE, IU y Reyes Maestre -de 'Juntos por Pinto'- para apartar de la Alcaldía a la popular Miriam Rabaneda.
Ahora, el PP considera que la empresa que percibirá esta indemnización está vinculada al edil de Urbanismo "a través de su empresa de asesoramiento urbanístico AG-100", algo que negó el propio concejal.
De hecho, Penit explicó que el Ayuntamiento deberá desembolsar los 4 millones de euros durante los próximos cuatro años al no poder ejecutar un convenio firmado en 2004 por la expropiación de unos terrenos donde se tenía previsto construir una gasolinera a cambio de un incremento de edificabilidad de 4.190 metros en el desarrollo de La Tenería.
PLAZO CONCLUIDO
El convenio fijaba un plazo de cuatro años para que el empresario pudiese edificar a cambio de no construir la gasolinera -para la que se dio licencia de obra-, pero concluido el plazo, el Consistorio no ha podido hacer frente a lo pactado. Ahora, la Administración local deberá afrontar esta cantidad ante la imposibilidad de que, tras los cuatro años estipulados en el convenio, el empresario haya podido edificar, debido -según fuentes de la concejalía de Urbanismo- a que "la Comunidad de Madrid no ha aprobado todavía el Plan General de Ordenación Urbana".
La expropiación fue aprobada por unanimidad en el Pleno del 28 de octubre de 2004. El Ayuntamiento quería hacerse con los terrenos en los que estaba proyectada una gasolinera -lo que generó las protestas vecinales- para crear una zona deportiva.
El procedimiento de inicio del expediente y de la declaración de utilidad pública del terreno contó con el visto bueno de todos los grupos, excepto del PP, que se abstuvo a la hora de marcar el justiprecio, la cantidad que debía percibir el empresario por renunciar a su negocio.
Ahora, con la finalización del plazo fijado, el empresario advirtió con reclamar la ejecución del "pago de la cláusula", ante lo que Urbanismo negoció el pago aplazado del dinero a cuatro años.
