MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los propietarios del edificio situado en el número 11 de la calle Argumosa de Madrid se han quejado hoy del "acoso" que aseguran estar sufriendo por parte de los colectivos antidesahucios, advirtiendo de que su comportamiento "puede ser perfectamente encajado en tipos penales tales como coacciones, injurias y calumnias", ha informado el colectivo en un comunicado.
El último episodio de supuestas coacciones las han sufrido este mismo viernes, logrando las asociaciones paralizar el desalojo Mayra y Juani, una mujer embarazada de casi 9 meses. Ambas se enfrentaban hoy al tercer intento de desahucio, pese a que el Comité DESC de Naciones Unidas exige su paralización hasta que dispongan de una alternativa habitacional adecuada.
Los dueños del edificio afirman que tienen "miedo" de los integrantes de las asociaciones antidesahucios, ya que están siendo señalados en la calle y en las redes sociales. Sostiene que el colectivo "miente" en sus argumentos.
Los propietarios son una mujer de 90 años que lo es "por herencia, y vive con su hijo incapacitado", estando ambos al cuidado de sus familiares. También lo es una mujer incapacitada judicialmente al padecer una enfermedad psiquiátrica y que lleva internada en un centro especializado durante más de 20 años. Adquirió la propiedad por herencia.
Asimismo, entre los dueños está el hermano de la anterior, que es su tutor y debe rendir cuentas anualmente ante el juez que tutela a su hermana. Y una pequeña empresa.
NO ESTÁN EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
En cuanto a los inquilinos, los dueños han recalcado que es "falso" que algunos se encuentren en situación de vulnerabilidad y exclusión social. Y lo afirma ya que no se ha analizado correctamente la situación individual de cada uno de ellos "ni el lamentable comportamiento que algunos tienen con los propietarios y el edificio".
"Lo más relevante al respecto es que entre algunos de estos ocupantes, los cuales responden a apodos como "Pepi", "Juani", "Rosi", etc. y aparecen de manera continua en los medios y en las redes sociales atacándonos y manteniendo una versión de lo ocurrido del todo incierta, existe una relación de parentesco", destacan.
Así, ha subrayado que esta familia a lo largo de estos meses "se ha convertido en un grupo organizado que controla nada más y nada menos que siete pisos del edificio".
"Lejos de lo que quieren hacer creer, no se trata de supuestos aislados de personas individuales que se encuentran en un verdadero estado de necesidad, sino que han encontrado una forma de vida en la que residen de manera gratuita en el barrio por ellos escogido y a costa de los propietarios, quienes soportan esta carga", sostienen los propietarios.
Además, acusan a los inquilinos de prácticas de "defraudación de fluido eléctrico", ya que "algunos de los vecinos que ahora protestan por la situación del edificio asalta de manera sistemática el cuadro de luz y conectan sus instalaciones, poniendo en riesgo al resto de la comunidad y el edificio, cometiendo un delito tipificado en el artículo 255 de nuestro Código Penal".
Asimismo, han cargado contra las plataformas antidesahucios, ya que
"lo que empezó siendo pequeñas concentraciones en el edificio el día que estaba señalado el lanzamiento se ha convertido en una situación de total acoso contra no solo los propietarios, sino contra la representación letrada y los diversos organismos de la justicia".
"El comportamiento de estas asociaciones puede ser perfectamente encajado en tipos penales tales como: coacciones, injurias y calumnias", ha subrayado agregando que "no solo están atacando a los propietarios, sino que día tras día acuden a los juzgados para presionar a los funcionarios de la administración de justicia y obstaculizar su trabajo".
