MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -
La acusación que ejerce el PSOE en el juicio de los presuntos 'espías' que realizaron vigilancias durante el Gobierno de Esperanza Aguirre en 2008 mantendrá en su informe final la solicitud de hasta cuatro años de cárcel para los seis acusados por la comisión de un delito de malversación de caudales públicos.
La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid ha concluido este viernes la prueba pericial. En la jornada, una perito ha expuesto que de tres partes de seguimientos no pudo concluir que José Manuel Pinto fuera el autor. En dos de los documentos lo descartó y en otro no era concluyente su cuerpo caligráfico.
Las partes del proceso expondrán el próximo lunes sus informes finales, concluyendo la vista con el último turno de palabra de los procesados. Según han adelantado a Europa Press, los socialistas prevén mantener su acusación en la que piden entre dos y cuatro años de prisión.
La mayor pena la reclaman para el exdirector de Seguridad de la Comunidad de Madrid Sergio Gamón. También solicitan los socialistas que se le inhabilite para ejercer como cargo público durante ocho años.
La solicitud se mantiene a pesar de que en la prueba testifical se hayan desvelado nuevos datos que implicarían a excomisarios de la udef que instruyeron la causa. El excomisario Jaime Barrado afirmó en su declaración que se negó a rectificar un informe repleto de "falsedades" a instancias al jefe de la Unidad de a Udef, Juan Luis Olivera. "No me fiaba ni de Moix ni de Olivera", asevero.
Tras ello, la Sala anunció que en sentencia deducirá testimonio por estos datos para que se abra una nueva investigación que depure responsabilidades en esta presunta prevaricación de exaltos mandos policiales.
El letrado de la Comunidad de Madrid anunciará el lunes si mantiene su acusación de multa hasta 18.000 euros e inhabilitación. El abogado de José Oreja, José Antonio Coronado y José Manuel Pinto pedirá en su informe la nulidad de todo el proceso penal al estar viciado por la teoría del árbol contaminado, ya que cree que el informe del que habló Barrado podría afectar a la nulidad de toda la causa.
En su declaración, el guardia civil José Oreja sostuvo que "los verdades responsables eran los detectives", afirmando que todo era "un montaje" de las cloacas policiales. Pese a ello, la presidenta del tribunal ha tratado de evitar que se hablara más allá del delito de malversación objeto del procedimiento.
