Foto: DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
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Habrá un protocolo de actuación policial para recoger de forma eficaz los delitos de odio, así como formación a los agentes
MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
La región ha registrado un total de 130 delitos de odio, de los cuales 21 están relacionados con la orientación sexual de los agredidos, mientras que el año pasado hubo 137 delitos de odio, doce de ellos ataques homófobos.
Así lo ha indicado este mediodía la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, tras la reunión que ha mantenido con comisarios de las brigadas de Información y de Seguridad Ciudadana y con miembros de Cogam, Colegas, Arcópoli y Fundación Triángulo.
De hecho, el encuentro, solicitado por los colectivos, ha sido convocado para analizar la problemática surgida a raíz de la agresión homófoba que tuvo lugar la semana pasada en el madrileño Templo de Debod, y que ha generado inquietud en todo el colectivo LGTB.
A la misma han asistido el jefe Superior de Policía de Madrid, Alfonso José Fernández Díez, los comisarios de las brigadas de Información y de Seguridad Ciudadana, y miembros de Cogam, Colegas, Arcópoli y Fundación Triángulo.
Según ha indicado la delegada, el 30 por ciento de estos delitos se han producido en la región. Y muchos de ellos en el distrito Centro de Madrid, por lo que ha indicado que se celebrará una reunión con la comisaría de la calle Leganistos sobre este asunto.
En su intervención, Cifuentes ha señalado que el criterio tanto de la Delegación del Gobierno, como de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es de "tolerancia cero con cualquier tipo de conducta delictiva de la que pueda ser víctima una persona por su orientación o identidad sexual".
Cifuentes ha destacado que "se trata de actos especialmente condenables, porque están enmarcados en el ámbito de los denominados "delitos de odio", entre los que se encuentran también aquellos que se ejecutan contra alguien por su pertenencia a una etnia, raza, religión o práctica religiosa , situación de exclusión social o discapacidad, entre otros factores".
"Desde la Delegación del Gobierno condenamos y rechazamos sin paliativos las actitudes discriminatorias hacia cualquiera de los miembros de estos colectivos, porque cada agresión de la que son víctimas, constituye un atentado contra la convivencia y contra los derechos fundamentales, que debe ser perseguida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y castigada por los tribunales de Justicia", ha dicho.
La delegada ha informado a los representantes de los colectivos LGTB que, para facilitarles una mayor protección, se están llevando a cabo distintas iniciativas, con un triple objetivo: tener un conocimiento real de los delitos de odio que se cometen, incrementar la sensibilización y formación de Policía Nacional y Guardia Civil, y perfeccionar los atestados dirigidos a jueces y fiscales, para facilitar la aplicación de la ley.
Según la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, entre el 60 y el 90 por ciento de las víctimas de delitos motivados por sentimientos de odio, entre los que se encuentra la homofobia, no denuncian su caso ante ninguna organización, Fuerza de Seguridad, tribunal de Justicia u ONG.
PRIMER PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
Partiendo de esta realidad, el Ministerio del Interior ha elaborado y puesto en marcha el primer 'Protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante los delitos de odio y conductas que vulneran las normas legales sobre discriminación'.
Según ha informado la delegada a los representantes de estos colectivos, se pretende tener un conocimiento detallado y exhaustivo de todos los delitos basados en el odio y la discriminación, adaptando para ello el Sistema Estadístico de Criminalidad, y concretando los aspectos e indicadores que deben reflejarse necesariamente en los atestados para encuadrar cada acción en la correspondiente tipología penal.
Al mismo tiempo, se está mejorando la formación de los agentes policiales para facilitar la atención a las víctimas y la presentación de denuncias, máxime teniendo en cuenta que la mayoría de estas denuncias se presentan en primer lugar ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
"En este sentido, hay que erradicar la falsa creencia de que no vale la pena denunciar porque no se trata de delitos graves, o porque no va a surtir efecto alguno, y también hay que superar el rechazo a denunciar por miedo a desvelar la orientación sexual", ha señalado la representante del Gobierno central en Madrid.
Las denuncias tienen consecuencias, pero para ello, según ha manifestado Cifuentes, es imprescindible que la Policía y la Guardia Civil tengan conocimiento de los hechos que se han producido, porque sólo así se podrá detener y poner a disposición judicial a los culpables, "y sólo de esta manera se podrá tener una idea exacta de la dimensión de esta tipología delictiva, para adoptar las medidas policiales y legales que sean necesarias".
Por su parte, los representantes de este colectivo, como el vicepresidente de Cogam, Toñi de la Cruz, han explicado que muchas agresiones no se denuncian por la "armarización", es decir, porque las víctimas no han reconocido su condición sexual y denunciarlas "tiene un conflicto interno".
"Visibilizarse delante de un policía les cuesta mucho. Más del 60 por ciento de las denuncias no quedan registradas", ha dicho De la Cruz, que apuesta por la creación de una campaña de sensibilización en las comisarías con carteles para animar a quien sufra un ataque proceda a denunciarlo "lo antes posible".
Por último, Cifuentes ha reiterado el "firme compromiso" de la Delegación del Gobierno, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, para garantizar los derechos de los colectivos LGTB y para protegerles de cualquier agresión de las que puedan ser víctimas relacionadas con su condición sexual.
