MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid dispone a día de hoy de datos numéricos sobre el número de personas que viven en la Cañada Real en el área de su competencia, pero realizará un trabajo de campo "más extenso" a partir del mes de septiembre, cuando se prevé la aprobación de la Ley que regularará la desafección de los terrenos, informaron a Europa Press fuentes locales.
El municipio ripense acoge en su territorio parte el Sector V y parte del Sector IV de la antigua vía pecuaria, un tramo en el que el Consistorio estima que podrían vivir entre 5.000 y 6.000 personas. Ahora, el objetivo del Consistorio es "aplicar la ley al pie de la letra", con respuestas sociales de integración y realojos en toda la región. La idea municipal es crear un espacio verde en la Cañada Real.
Las citadas fuentes explicaron que el Consistorio lleva más de cuatro años trabajando para buscar una solución al problema de la Cañada y recordaron que el alcalde de la localidad, José Masa, junto con su homólogo madrileño, Alberto Ruiz-Gallardón, fue pionero en proponer la creación de una comisión que tratase el problema y que finalmente "ha dado resultados".
Desde el Ayuntamiento de Rivas manifiestan que lo fundamental en este momento es solventar la parte social que afecta a la Cañada, es decir, todo lo relativo a los realojos de las personas que viven en esa zona, así como atajar la delincuencia y la especulación. Para ello, trabajan ya los servicios sociales municipales, la policía local y el departamento de Urbanismo.
TRABAJAR A PARTIR DE SEPTIEMBRE
Los otros dos municipios con competencias en la Cañada, Madrid y Coslada, comenzarán a trabajar tras el verano en el censo de fincas con el fin de desafectar los terrenos una vez se haya aprobado en el Parlamento regional la ley que regulará el cambio de uso de estas tierras, entre otras cuestiones.
Según establece el borrador del anteproyecto de Ley, los citados consistorios tendrán 6 meses a partir de la publicación de la ley en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) para elaborar el censo de fincas y ocupantes en los tramos comprendidos en sus términos municipales.
El borrador especifica que hasta que este censo no vea la luz y hasta que los ayuntamientos afectados no hayan clasificado el suelo resultante de la desafectación de la vía pecuaria "no se entenderá producida la usurpación a los efectos del cómputo del plazo de prescripción de las infracciones administrativas derivadas de la ocupación ilegal y del ejercicio de la potestad de la recuperación posesoria".
El uso de estos terrenos ha de ajustarse a las normas y planes que apruebe cada Ayuntamiento "en el ejercicio de sus potestades urbanísticas". El proyecto de ley mantiene que este hecho no supone "en ningún caso" la legalización de las construcciones o de las actividades desarrolladas en los mismos.
La situación de las edificaciones que se encuentran en la Cañada ha sido motivo de confrontación entre las administraciones central, regional y los ayuntamientos de Rivas, Coslada y Madrid hasta el pasado 7 de julio, cuando se alcanzó un principio de acuerdo para desafectar los terrenos que permitirá al Ejecutivo autonómico ceder estos terrenos a los consistorios, enajenarlos, permutarlos o realizar cualquier negocio jurídico sobre ellos.
En aquel entonces, la delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez, explicó que "previamente a que esto ocurra, habrá una ordenación urbanística de todo el ámbito de la Cañada y además habrá que alcanzar un acuerdo social previo a lo que es la enajenación, permuta o cesión que se haga sobre ese bien patrimonial".
Tras la presentación de las líneas generales de este proyecto de Ley, los vecinos de esta zona de Madrid recelaron de la cesión de competencias a los ayuntamientos y reclamaron un mayor diálogo social, incluso llegaron a anunciar que tenían la intención de presentarse como un municipio independiente.
