La mayoría reciben ayuda económica por cuidados familiares en el hogar, a pesar de que la ley lo contemple como una excepción
MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -
Más del 30 por ciento de las 654.035 personas dependientes que son consideradas beneficiarias de la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia todavía están pendientes de que las comunidades autónomas les asigne qué tipo de prestación económica o servicio precisan (teleasistencia, ayuda a domicilio o atención residencial, entre otros).
Así lo confirman los datos a 1 de septiembre de 2009 del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), recogidos por Europa Press, que indican que hay 209.559 personas pendientes de identificar en el Programa Individual de Atención (PIA), negociado por las autonomías con el solicitante, familia o entidad tutelar para facilitar al dependiente los recursos que mejor se adecuan a su entorno y situación personal.
Desde el Ministerio de Sanidad y Política Social, que tiene el cometido de liderar el desarrollo de la Ley, explicaron a Europa Press que este colectivo es reconocido como beneficiario con su grado y nivel de dependencia "pero le falta que su comunidad autónoma, que es la que tiene la competencia, le diga qué tipo de asistencia necesitan en función de su situación".
A pesar de que más del 87 por ciento (858.376) de las 977.030 solicitudes ya cuentan con un dictamen --después de que un equipo técnico haya acudido a los domicilios de los demandantes y aplicado un baremo, analizando informes médicos y aplicando un test-- sólo el 68 por ciento de los beneficiarios (444.476) sabe qué prestación le ha sido concedida.
Las comunidades que más beneficiarios tiene pendientes de identificar en PIA son Canarias con el 68% de personas que esperan una prestación o servicio, Islas Baleares (58,2%), Murcia (56,4%), Extremadura (52,8%) y Madrid (50,14%), Cataluña (46%), Comunidad Valenciana (38,%), Castilla-La Mancha y Asturias (35%), Galicia (34%). A mayor distancia, se sitúan Aragón (26,2%) y Andalucía (20,6%).
Por el contrario, las autonomías que hasta septiembre han identificado más servicios o ayudas económicas para las personas en situación de dependencia son La Rioja que le falta por asignar al 15,2 por ciento, Castilla y León (10,7%), País Vasco (6,6%) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (4,5%).
LA MAYORÍA RECIBE PRESTACIÓN ECONÓMICA
De los datos del IMSERSO se deduce que en la práctica los gobiernos autonómicos están incumpliendo en su mayoría el espíritu de la norma. Aunque el texto legal establece que los servicios sociales deben dar prioridad a las prestaciones asistenciales (residencia, centro de día o de noche, teleasistencia o ayuda a domicilio), la mayoría asignan a los dependientes una prestación económica, a pesar de que la ley la contemple como una excepción.
De las 444.476 personas que cuentan ya con un servicio o ayuda, casi el 58 por ciento (257.450) recibe una prestación económica, bien vinculada a un servicio (6,4%), pero sobre todo para cuidados familiares en el hogar (51,4%). A este tipo de asistencia, le sigue la atención residencial (19,3%), ayuda a domicilio (10,4%), teleasistencia (6,3%) y centros de día o de noche (5,1%).
Las servicios a los que menos dependientes han derivado las autonomías son a la prevención y promoción de la autonomía personal (2.554 personas, es decir, el 0,5% del total) y la prestación económica de asistencia personal (0,1%).
"MUCHÍSIMAS" QUEJAS AL DEFENSOR DEL PUEBLO
El último informe del Defensor del Pueblo contempla por primera vez las quejas de los ciudadanos sobre le desarrollo de la Ley de Dependencia. El número más significativo de personas que a nivel individual solicitaron en 2008 la intervención de esta institución ante la falta de reconocimiento de sus derechos, e incluso, en muchos casos, de información sobre la tramitación de su expediente, corresponden a las comunidades autónomas de Madrid y Valencia, que juntas superaron el 50 por ciento de las reclamaciones.
Sobre el despliegue de la norma, el responsable de este organismo, Enrique Múgica, manifestó en declaraciones a Europa Press su "preocupación", asegurando que llegan "muchísimas" quejas. A su juicio, el retraso de las evaluaciones y la demora de los subsidios y ayudas centran el grueso de las quejas de los ciudadanos en torno a esta ley que entró en vigor en enero de 2007.
Para Múgica, el principal obstáculo en el despliegue normativo es la "falta de financiación". Asimismo, indicó que las comunidades autónomas y el Gobierno tienen la "obligación" de cumplir con el calendario acordado y que "la crisis no tiene que ser ningún pretexto" porque, a su juicio, "lo fundamental" son los ancianos, enfermos y niños.
