MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Cuentas ha cerrado el procedimiento en el que se estudiaba si el Ayuntamiento de Alcalá había cometido irregularidades en sus cuentas municipales en la contratación de servicios y pagos a funcionarios, entre otras cuestiones.
En un auto fechado el 26 de noviembre y al que ha tenido acceso Europa Press, la consejera de Cuentas María Antonia Lozano Álvarez resuelve que "no procede la incoación de juicio" al no apreciarse "indicios de responsabilidad contable en las actuaciones denunciadas que hayan podido ocasionar un daño real, efectivo e individualizado en los fondos públicos, ni que hayan podido dar lugar a un presunto ilícito contable".
En 2011, UPyD presentó una moción para que la Cámara de Cuentas auditara al Ayuntamiento, y a principios de 2013 ésta elaboró un Informe en el que se detectaron pagos irregularidades por un importe superior a los 20 millones de euros.
Entre las cuestiones, se indicó que se habían sobrepasado las cuantías previstas para pagar a los funcionarios, realización de contratos administrativos sin los procedimientos legales necesarios, o cuentas a nombre del Ayuntamiento no incluidas en los Registros.
Así, el proceso comienza cuando el Ministerio Fiscal alega "presuntas deficiencias puestas de manifiesto en el Informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas" sobre Alcalá de Henares en el año 2010. El 20 de octubre de este año, el Delegado Instructor declaró "de forma previa y provisional que los hechos no reunían los requisitos establecidos legalmente para generar responsabilidades contables por alcance", indica el auto.
También el Ministerio Fiscal y el propio Consistorio pidieron la "no incoación" del procedimiento al "no apreciarse un menoscabo en los fondos públicos". En el mismo sentido, el auto del Tribunal de Cuentas indica que para que se tratase de un ilícito contable "los daños determinantes de la responsabilidad" tendrían que ser "efectivos, evaluables económicamente e individualizados en relación a determinados caudales o efectos", algo que la consejera ha descartado.
Contra la resolución del Tribunal de Cuentas cabe la interposición en 15 días de un recurso de apelación.
DESGLOSE DE CONCEPTOS
En relación a los gastos de personal que sobrepasaron la cuantía global del complemento de productividad, el Consistorio ha justificado que la cuantía incluía, además del ejercicio 2010, complementos de productividad de la Policía local por mensualidades devengadas en 2009. Además, no se habría superado el límite, ya que lo aprobado para este concepto ascendía a 12.416.694 euros, y los gastos fueron de 11.225.364,87 euros.
Sobre la existencia de 19 cuentas a nombre del Ayuntamiento que no estaban incluidas en los registros municipales, y que contaban con 272.866 euros, el Tribunal de Cuentas especifica que nueve de ellas son cuentas internas de recaudación, otras dos fueron canceladas y su saldo integrado en una cuenta de titularidad municipal, y el resto eran para gestionar los pagos a justificar "sin que en su gestión se aprecie irregularidad alguna".
En cuanto a la construcción de un Espacio de Iniciativas Empresariales, la consejera apunta que "no se conserva en el expediente el acuerdo donde figure el saldo final resultante de las penalidades impuestas al contratista, ni si se hizo efectivo el pago". Además, se está tramitando un nuevo expediente "en exigencia de las penalidades impuestas al contratista, por lo que no existe un perjuicio real y efectivo".
En relación a las facturas de 56.563 euros y 21.370 euros de dos abogados, el Tribunal de Cuentas considera que hay pruebas de que el concurso para contratar a los letrados se hizo mediante procedimiento abierto, y que las minutas han contado con el visto bueno del titular de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento.
Sobre los gastos de publicidad y eventos municipales, la consejera indica que se ha facturado "sin que conste la existencia de los correspondientes contratos, 1.009.090 euros", considerando que están justificados porque corresponde a "servicios efectivamente realizados" que "han sido aprobados por la Junta de Gobierno local con informe favorable del interventor".
También se ha estudiado los gastos no justificados de una tarjeta de crédito, que ascenderían a 2.412 euros. Sin embargo, se ha justificado el pago de 1.647,85 euros, reintegrando el resto un miembro de la Corporación municipal.
En lo que se refiere a la Empresa Municipal Cementerio Jardín de Alcalá S.A., se indica que "el gasto registrado supera en 33.089 euros al 20 por ciento del resultado del ejercicio 2010 antes de impuestos". En este sentido, un laudo arbitral de 2003 indicaba que debía calcularse "sin incluir el importe de la propia retribución que debe contabilizarse en el ejercicio en el que se devenga", mientras que el Consistorio consideraba que este concepto sí debía incluirse. "La resolución resolvió que el importe a facturar ascendía a 65.089 euros' apunta el auto.
