MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los abogados del Turno de Oficio de Madrid, que engloba a 5.000 letrados de la región, continuarán durante 2010 con las movilizaciones emprendidas hace ya un año si la Comunidad de Madrid no abona los 31 millones de euros que adeuda al colectivo en concepto de honorarios devengados.
En el último Consejo de Gobierno, la Comunidad de Madrid acordó aumentar en 11 millones los presupuestos previstos para 2010, pasando de 11 millones a 45 millones de euros para dar cobertura a las actuaciones que llevan a cabo los abogados que asesoran legalmente a las personas que carecen de recursos.
El pasado 1 de diciembre, el decano de los abogados, Antonio Hernández-Gil, denunció ante los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid que supeditar la Justicia Gratuita a los presupuestos pone en riesgo el modelo del Turno de Oficio, teniendo en cuenta el presupuesto inicial de 31 millones de euros.
Desde el Gobierno regional insisten en que se trata de un problema común de todas las comunidades autónomas. De hecho, el consejero Francisco Granados se reunió el pasado 9 de diciembre con sus homólogos de las comunidades con transferencias en materia de Justicia para tratar el asunto.
En sintonía con el resto de CC.AA., Granados trasladó al Ministerio de Justicia la necesidad de modificar la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. La reunión tuvo lugar para unificar criterios que consigan reducir la factura que genera este servicio a las CC.AA., siendo en el caso de Comunidad de Madrid de 50 millones de euros.
El pasado 30 de diciembre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anunció que el Consejo de Ministros aprobará en breve un Decreto para modificar los procedimientos de acceso a la Justicia Gratuita para evitar la actual ligereza con la que actualmente se proporciona este servicio.
Además, la jefa del Ejecutivo madrileño avanzó que solicitarán que se reúna la Comisión Mixta de transferencias para abordar esta cuestión, que produce un coste a la Comunidad de Madrid de cerca de 50 millones de euros. Aguirre se quejó de que las trasferencias en materia de Justicia no incluyen este servicio.
QUEJAS DEL DECANO
En la cámara regional, Hernández-Gil se quejó de que "no se puede admitir que por razones presupuestarias se hagan regates en la legislación para ver cómo se puede disminuir este servicio". "Se pone en peligro este servicio. No hay un sistema que aguante a este deterioro progresivo. Merece la pena atender una parte tan sustancial del funcionamiento de la Justicia", aseveró.
Además, criticó que la partida de los presupuestos de la Comunidad de Madrid para la Justicia Jurídica Gratuita haya sido la misma desde 2007. "La realidad en 2007 ya fue de 40 millones de euros, con un desfase en 2008 de un 46 por ciento porque ascendió a 45 millones de euros. El pasado año, las cantidades devengadas no se abonaron, salvo una pequeña parte en 2009", subrayó.
Insistió en que este año no se ha percibido ni una sola cantidad devengada, si bien apuntó que la Consejería de Hacienda se ha comprometido a dotar de instrumentos presupuestarios para abonar esta partida antes de fin de año. "Este año el presupuesto se repite y el desfase presupuestario llevará a la misma situación", recalcó. Por ello, llamó la atención de los grupos parlamentarios en defensa de los miles de abogados. "No es justo que se les impute el incremento de una demanda de Justicia", añadió.
EN CONTRA DE LA HUELGA
Pese a sus quejas, señaló que la Junta del Colegio de Abogados se opone a una convocatoria de huelga, puesto que no aceptarán ninguna medida de presión que pueda vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva.
Además, incidió en que el Colegio siempre ha estado a disposición para cooperar institucionalmente y promover reformas sin éxito. Así, lamentó que no les hayan dado la oportunidad de participar en reuniones de comunidades o en la conferencia sectorial de Justicia celebrada hace unas semanas.
Según datos de la Consejería, la evolución experimentada en los costes derivados de las actuaciones de los profesionales de la Abogacía y la Procuraduría en materia de asistencia jurídica Gratuita muestran que dichos costes han sufrido un incremento de un 160,65 por ciento, es decir, 29 millones de euros, desde 2003 hasta 2008, mientras que la comparativa incremento costes de 2007-2008, supone un aumento del 8,81 por ciento, 3 millones de euros.
En cuanto a la evolución en el número de expedientes, en 2003 se recibieron 65.718 expedientes de justicia gratuita, si bien en los últimos años se ha producido un aumento de un 90,79 por ciento de expedientes y así en 2008 los expedientes de la justicia gratuita alcanzó la cifra de 125.385.
