MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Unitaria por la Luz de los Sectores V y VI de la Cañada Real --que aglutina asociaciones de la zona-- han remitido una carta al Gobierno central para reclamarles que se establezca el suministro tras 143 día sin luz.
La misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, está dirigida al presidente del Gobierno, Sánchez, al secretario de Estado para la Agenda 2030 y al Alto Comisionado por la Pobreza Infantil. En la misma aseguran que al Ejecutivo central le corresponde la "máxima responsabilidad" en materia de Derechos Humanos y "remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud".
Al respecto, narran cómo 1.800 niños y 2.200 adultos sufren desde hace 4 meses los cortes de luz y no entienden "la imposibilidad" de restablecer este servicio "prestado durante décadas" y cuya interrupción les hace imposible labores como calentar sus hogares, asearse en invierno, conservar alimentos o lavar su ropa. "La energía eléctrica es condición necesaria para el ejercicio de otros derechos y su interrupción es causa de enfermedad, deterioro físico y mental", insisten.
Entienden que esta situación es un "castigo inhumano" que agrava la precariedad de muchos de los habitantes de este enclave chabolista y que, además potencia la criminalización "azuzada por determinados responsables políticos".
En esta clave, han recordado que llevan cuatro meses reclamando poder "pagar el consumo como cualquier ciudadano" y han recordado que esta situación ha sido reprochada por AMPAs y profesores de centros educativos dónde estudian niños y jóvenes; médicos y sanitarios, trabajadores, entidades y colectivos sociales; el Defensor del Pueblo de España; el Comité de Derechos del Niño de
Ginebra y varios Relatores de Derechos Humanos del sistema de Naciones Unidas.
"La responsabilidad directa de esta situación, que entra ya dentro del ensañamiento, comienza por la Comunidad de Madrid, propietaria del suelo y garante del cumplimiento del Pacto Regional, continúa por la compañía Naturgy, alcanza a los ayuntamientos de la zona (especialmente Madrid, sin iniciativa conocida y con su Comisionado suprimido), pero no se detiene ahí: alcanza también a un Gobierno que lleva demasiado tiempo mirando para otro lado y al que señalan las organizaciones de Derechos Humanos como clave para terminar con esta condena", reprochan los firmantes, quienes censuran que esta cuestión haya acabado en un "reparto de culpas" y en "excusas" sobre el reparto de competencias.
