MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido finalizar el expediente sancionador incoado contra General Motors España, con motivo de una posible conducta anticompetitiva en relación con determinadas cláusulas de contratos con los concesionarios y talleres autorizados de Opel relativos a los servicios de posventa.
Competencia indicó que ha decidido retirar este expediente sancionador, incoado en mayo de 2013, al considerar "adecuados, suficientes y vinculantes a todas las partes interesadas, los compromisos presentados por General Motors España".
No obstante, la Comisión obliga, tanto a General Motors España, como a la Asociación Nacional de Reparadores Autorizados y Agentes Comerciales de Opel (Anrao) al cumplimiento "fiel y puntual" de diferentes compromisos. El incumplimiento de cualquiera de estos compromisos, según la CNMC, se considerará y calificará como una infracción muy grave.
De esta forma, la compañía automovilística se compromete a no establecer un volumen de compra mínima de piezas de recambio originales de Opel, en lo referente a las gamas Tipo B, "entendidas éstas como aquellas respecto de las cuales se estime que las piezas originales Opel de General Motors tienen una cuota de mercado superior al 30% en España en la reparación de vehículos Opel".
Desde el próximo 30 de septiembre, se estable la obligación de compra mínima de piezas originales de Opel del 40% de las necesidades anuales totales de las gamas Tipo A del concesionario o reparador para la prestación de servicio de posventa a modelos Opel.
Otro de los compromisos establecidos es que General Motors no estará facultada para resolver un contrato atendiendo exclusivamente al eventual incumplimiento por parte del concesionario o del reparador de la obligación de compra mínima de recambios establecida.
El expediente sancionador contra General Motors España, incoado en mayo de 2013, se produjo a raíz de una denuncia presentada por Anrao. Así, se inició un proceso de recopilación de información por parte de la CNMC, que consideró que había indicios de una infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia.
