MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, y el director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), Joan Groizard, han anunciado este lunes que la segunda edición del Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (Moves II) incluirá ayudas de hasta 5.500 euros a la compra de un vehículo de energías alternativas y la obligación de achatarramiento de un modelo para obtener esta subvención pasará a ser opcional.
Así lo han señalado en la conferencia 'La Movilidad Eléctrica ante el nuevo escenario mundial' organizada por la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive), donde ambos han explicado que el nuevo plan de incentivos a la compra de modelos más sostenibles contará con un 40% más de presupuesto, llegando hasta los 65 millones de euros, tal y como adelantó 'La Tribuna de Automoción'.
De esta manera, el Gobierno ofrecerá ayudas para la adquisición de vehículos alternativos que oscilarán entre los 4.000 euros y los 5.500 euros, dependiendo de si se envía al desguace o no un vehículo antiguo.
Además, se ampliará la flexibilidad en la asignación de los fondos entre las distintas líneas que se subvencionan: la adquisición de automóviles, infraestructuras de recarga, sistemas de bicicleta eléctrica compartida y medidas contenidas en planes de transporte al trabajo.
HASTA EL 70% PARA COMPRAR COCHES
En este sentido, se ha elevado el límite máximo que se puede destinar a la línea 1 de compra de coches del 50% de la edición anterior al 70% en el nuevo Moves. Por otro lado, y para facilitar las opciones de los beneficiarios que quieran acogerse a las ayudas, se facilitará la gestión de las adquisiciones por renting.
Asimismo, también se habilitará que las comunidades autónomas puedan dar un anticipo a los beneficiarios que lo soliciten y tengan la resolución positiva para facilitar que puedan llevar a cabo la inversión correspondiente.
En otro orden de cosas, también se contemplará la posibilidad de que las propias comunidades o ciudades autónomas puedan reservar una parte del presupuesto para sus propias actuaciones, por ejemplo, adquisición de vehículos para la flota autonómica.
