MURCIA, 9 May. (EUROPA PRESS) -
El ex alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, ha insistido este miércoles, minutos antes de que comience el juicio de la pieza separada 'Umbra', de presunta corrupción urbanística y en el que se encuentra investigado, que todo lo que hizo el Ayuntamiento fue "correcto".
Cámara, que ha llegado pasadas las 9.00 horas a la Ciudad de la Justicia para declarar por la pieza separada del caso 'Umbra' en el que se investiga el proyecto urbanístico Nueva Condomina, ha mostrado su confianza en que se pueda demostrar que todo se hizo de manera correcta.
"Estoy muy confiado en que se pueda aclarar todo lo que se hizo", ha dicho Cámara, para después reiterar que el Consistorio "todo lo que hizo fue correcto, con los informes preceptivos por parte de servicios técnicos y jurídicos".
Por su parte, los abogados del que fuera jefe del Servicio de Planeamiento del Ayuntamiento de Murcia, J.P., han anunciado que pedirán la absolución porque es una "injusticia y un disparate".
El Fiscal Anticorrupción de Murcia, Juan Pablo Lozano, ha pedido diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para Cámara al considerarlo responsable de adoptar decisiones al margen de la legalidad en el marco del proyecto inmobiliario para obtener el estadio de fútbol Nueva Condomina favoreciendo a un promotor privado.
Cámara está acusado como autor de un delito continuado de prevaricación urbanística, mientras que el entonces director de la Gerencia de Urbanismo y el jefe del servicio de Planeamiento están acusados como colaboradores necesarios e inductores, según el escrito de conclusiones provisionales del Fiscal al que ha tenido acceso Europa Press.
En este sentido, el Fiscal también pide la pena de diez años de inhabilitación para empleo o cargo público para el director de la Gerencia de Urbanismo, y la pena de ocho años y siete meses de inhabilitación para el jefe del servicio de Planeamiento.
En concreto, el Fiscal considera que Cámara, con la colaboración "imprescindible" del director de la Gerencia de Urbanismo "decidió directamente todos los aspectos favorables al proyecto Nueva Condomina, removiendo en unos casos, y vulnerando en otros, los aspectos de legalidad".
Así pues, el Ministerio Público cree que la actuación de Cámara abarca desde la negociación del protocolo del 12 de julio de 1999 y la modificación del Plan General de Ordenación (PGO) alterando el contenido del artículo 6.2.14 "en los términos convenidos para favorecer el proyecto Nueva Condomina", que culmina con la aprobación definitiva por parte del consejero de Obras Públicas en el año 2001.
El Fiscal acusa a Cámara de ir adoptando decisiones con la colaboración de los informes de los otros acusados en el ámbito de su responsabilidad en el llamado 'Proyecto Nueva Condomina' desde 1999 al 14 de abril de 2003 con la publicación del Plan Parcial Nueva Condomina, "incluso en reuniones oficiosas al margen del procedimiento, anteponiendo conscientemente a la legalidad exigible el afán político de unos y el mercantil de otrospara obtener un nuevo estadio de fútbol en el marco de un proyecto inmobiliario".
Todo ello, "realizando los cambios normativos oportunos consensuados previamente y forzando siempre las interpretaciones normativas del modo más favorable al exigente promotor privado tanto económica como urbanísticamente de forma espuria a fin de no poner en riesgo el truncamiento del proyecto publicitado".
En este sentido, el Fiscal pone de manifiesto que el proyecto consistía en la "modificación del PGO para la creación de la alternativa B con la edificabilidad fijada a conveniencia entre los acusados, renuncia injustificada a los derechos legales de cesión del 10 por ciento de aprovechamiento municipal y la omisión de informe alguno de valoración de la corrección de la decisión municipal".
Asimismo, el plan incluía, según el Fiscal, "la aplicación de normas carentes de vigencia y eficacia y permitiendo la aplicación conjunta de dos normativas a conveniencia, falta de informe técnico y atribución de edificabilidad mayor que la legalmente posible, y no acatando la tramitación del procedimiento exigido por la Comunidad Autónoma".
