Reclaman que modifique un artículo de un real decreto ley, antes de final de año, para que 400 familias no se vean abocadas a devolver subvenciones
MURCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno regional ha reiterado este martes al Gobierno de España la necesidad de que, de manera urgente, ofrezca una solución a las más de 400 familias de Lorca que están reconstruyendo sus viviendas y amplíe el plazo para que puedan terminar las obras de reparación de sus hogares afectados por el terremoto.
El secretario general de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, Enrique Ujaldón, que ha presidido la reunión de la Comisión Mixta por los Terremotos de Lorca, ha explicado que "el Consejo de Ministros solo tiene que modificar un artículo de un real decreto ley cuyo borrador ya está preparado para que las familias afectadas no tengan que devolver las subvenciones públicas recibidas para reconstruir sus viviendas".
Ujaldón ha reclamado al Estado que ofrezca una "respuesta inmediata" y modifique el plazo antes del 31 de diciembre, para que las familias lorquinas terminen sus obras. De no ser así, se obligaría a las familias a tener que devolver sus ayudas públicas de reconstrucción junto a los intereses correspondientes. Según Ujaldón, "la inacción del Consejo de Ministros no está justificada y los vecinos de Lorca no entienden de gobiernos en funciones".
También ha instado al Ministerio de Fomento a que condone a las familias lorquinas los intereses de demora de la ayuda de reparación, correspondiente al tramo estatal de la subvención, y ha destacado que "el Gobierno regional ya condonó los intereses, medida que se incluyó en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 2018 y sucesivos".
La Comisión Mixta ha aprobado la concesión de 30 ayudas para pagar las rentas mensuales de las viviendas en las que residen mientras terminan las obras de rehabilitación o reconstrucción de sus hogares, por un importe de 281.013 euros.
La Comisión Mixta ha concedido hasta el momento un total de 81.211.299 euros para las ayudas al alquiler, reparación o reconstrucción de viviendas, así como para la reparación de edificios y reposición de enseres, cofinanciados al 50 por ciento por la Comunidad Autónoma y el Estado.
