MURCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Social nº6 de Murcia ha declarado nulo el despido del trabajador Javier Rodríguez, que fue despedido por la ONG 'Nueva Futura' arbitrariamente alegando por parte de ésta "transgresión de la buena fe contractual", así como "abuso de confianza en el desempeño de su trabajo". Esta asociación gestiona dos pisos de acogida de menores cuya tutela ostenta la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
La sentencia, explica el sindicato CGT, "es clara y rotunda, declarando despido por vulneración de derechos fundamentales a la libertad sindical".
Terminan así "diez años de impunidad por parte de esta empresa con tintes sociales que durante todo este tiempo se ha dedicado a cercenar los más básicos derechos de sus trabajadores, imponiendo la ley del silencio bajo amenaza de despido a cualquier trabajador que promoviera cualquier actuación sindical o fuera de su ideario y filosofía", explicaron las mismas fuentes en nota de prensa.
Así pues, señala el sindicato, quedan definitivamente desmanteladas cada una de las falsedades esgrimidas por el abogado de esta asociación, el laboralista Antonio Checa, que basó gran parte de la defensa en desprestigiar a la profesionalidad del compañero; algo que tanto para el fiscal como para la propia jueza, carecía de sentido ya que según ésta ha quedado demostrado que "el actor es un estupendo educador, al que incluso se le asignó o consintió, por parte de la dirección de la asociación que se hiciera cargo de dos menores de distinto sexo con todo lo que eso conlleva, sin aumento de sueldo, siendo costumbre de la asociación asignar un niño del mismo sexo que el educador".
Al tiempo que destaca que la asociación, sin ánimo de lucro, en su auto de defensa se autocalifica como "empresa atípica" ya que "desarrolla actividad de acogimiento de niños en situación de riesgo", debían pensar estas gestoras, que esa "atipicidad" la eximía de respetar los derechos laborales de los trabajadores, "pero en ningún momento del juicio mencionaron que para llevar esa caritativa labor reciben de la administración anualmente más de 600.000 euros", indican.
CGT se siente orgullosa de este triunfo, aunque no satisfechos y recuerda que mantienen actualmente abiertas varias denuncias en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia que afectan directamente a la situación de los menores en estos pisos.
Nuestra intención y esfuerzos, concluyen, "van en dos direcciones: una, la mejora de las condiciones en las que realizan su trabajo las educadoras y educadores en los pisos; y dos, la más urgente, una atención adecuada y respetuosa para con las personas menores de edad que viven en esos pisos".
