El Gobierno murciano destaca que la Región reduce su déficit un 44,9 por ciento en los últimos cinco años

Imagen de archivo de billetes de 50 y 20 euros
Imagen de archivo de billetes de 50 y 20 euros - EUROPA PRESS - Archivo
Publicado: martes, 7 enero 2020 17:23

MURCIA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El déficit de la Región de Murcia se redujo un 44,9 por ciento entre los años 2014 y 2019, al pasar de presentar una necesidad de financiación de 730 millones de euros a situarla en 402 millones de euros. En porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB), el déficit de la Comunidad ha pasado del 2,78 por ciento en 2014 al 1,29 por ciento el pasado mes de octubre de 2019.

El análisis de Fedea se centra en la evolución que han seguido los ingresos y el ajuste presupuestario efectuado de 2014 a 2018 y que refleja el incuestionable esfuerzo realizado por las comunidades autónomas, incluidas aquellas que como la Región de Murcia o la Comunidad Valenciana cuentan con una peor financiación.

Y eso a pesar de un elemento que el análisis de Fedea no tiene en cuenta, como es la existencia de una infrafinanciación estructural derivada del actual sistema de financiación autonómica ni la desigualdad con que la misma afecta a las diversas comunidades autónomas, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

Este sistema de financiación es especialmente injusto y lesivo para la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana, que se sitúan en los últimos puestos en el ránking de financiación per cápita. En concreto, la Región recibe 2.323 euros por habitante, mientras que Cantabria obtiene 3.141 euros por habitante, La Rioja 2.994 euros por habitante, Aragón 2.849 euros por habitante o Extremadura 2.845 euros por habitante.

Esta infrafinanciación estructural afecta por tanto a la capacidad para corregir los desequilibrios presupuestarios. Hasta que no se corrija esta anomalía, algunas comunidades autónomas, y en especial las más castigadas como la Región de Murcia, no van a poder culminar su proceso de consolidación fiscal sin afectar a la calidad de los servicios prestados y que son inherentes al Estado del Bienestar.