ALCALDESA DE SANTOMERA IMACULADA GONZÁLEZ
AYUNTAMIENTO SANTOMERA
Actualizado: viernes, 15 junio 2018 13:01

SANTOMERA (MURCIA), 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia ha admitido a trámite la denuncia presentada por la mercantil Arimesa contra la alcaldesa de Santomera, Inmaculada Sánchez Roca, el concejal de Urbanismo, Joaquín Rubio, y el arquitecto municipal por un presunto delito de prevaricación administrativa.

Sobre los dos primeros, el Consistorio señala que la querella procede de una empresa, Arimesa, "que no ha parado de acosarnos e insultarnos desde que somos equipo de Gobierno".

Según el Ayuntamiento, "se trata de una venganza que pretende menoscabar nuestra honorabilidad por haber ejecutado la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia, que ordenó la clausura de las instalaciones de la cantera que esta mercantil explota en el paraje del Zacacho".

Esta querella, "sesgada y política", es "otra forma más de persecución más a las que la empresa nos tiene sometidos desde hace tres años".

Añade que "somos investigados por ponernos enfrente de la corrupción económica más radical, pero seguiremos defendiendo el medio ambiente y el patrimonio de nuestro municipio, le pese a quien le pese".

Tras lo que afirman desde el Ayuntamiento de Santomera, en un comunicado de prensa, que el equipo de Gobierno de Santomera "ha procedido en todo momento conforme a lo que establece la ley y según el criterio de los técnicos municipales".

En este sentido, destaca que el Ayuntamiento emitió en 2016 la cédula de compatibilidad urbanística de la cantera, pero esta fue rechazada por la Dirección General de Vivienda y Ordenación del Territorio, "que no aceptó las cautelas referidas a la falta de las preceptivas evaluaciones ambientales".

También recuerda que Arimesa viene solicitando esa cédula de compatibilidad desde el año 2010, sin que los dos equipos de Gobierno anteriores, del PP, dieran paso alguno para resolverla; "su proceder, por tanto, debería ser juzgado en las mismas condiciones".

Por lo que exigen "que no solo se investigue nuestra gestión, que es la que ha dado pasos para solventar la situación, sino también la inacción de los dos gobiernos precedentes del Partido Popular, que también han tenido que ver en este expediente".

El Consistorio avisa que en breves fechas presentarán una denuncia por delitos medioambientales contra la mercantil Arimesa, "que ha ejercido durante más de cuatro décadas una actividad contaminante sin poseer la licencia necesaria".

Es "injusto" que una gestión de gobierno "ejemplar" se vea "empañada por una situación irregular que se prolonga desde hace 44 años. Además, se sumarán a la querella penal interpuesta por Ecologistas en Acción contra la Consejería de Fomento e Infraestructuras y su anterior titular Francisco Bernabé, por un delito de prevaricación.

"Estamos dispuestos a aclararlo todo, estamos muy tranquilos porque nuestra actuación siempre ha estado amparada por criterios técnicos y legales", concluye el comunicado.

ANTECEDENTES

La mercantil Áridos del Mediterráneo S.A. desarrolla una actividad de cantera en el paraje de El Zacacho, en el término municipal de Santomera, con licencia municipal para la actividad de trituración y clasificación de áridos, pero no así para la actividad de cantera, según manifiesta la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Murcia en una sentencia de abril de 2008.

Según el Consistorio, Arimesa S.A. "lleva 44 años realizando una actividad sin licencia municipal". A raíz de dicha sentencia, el Ayuntamiento de Santomera -gobernando entonces por el Partido Popular- adoptó el 24 de julio de 2009 un acuerdo de Junta de Gobierno local en el que, basándose en la ausencia de licencia municipal de la actividad, decretaba el cierre de la misma.

Este acuerdo fue recurrido por la mercantil Arimesa, recurso que fue desestimado por la sentencia de noviembre de 2013 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 4 de Murcia, posteriormente confirmada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Murcia en su sentencia de enero de 2015.

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