Propone Pacto Regional por la Justicia y lamenta que "año tras año, con gobiernos de distinto signo, el resultado es desalentador"
MURCIA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, ha anunciado que en los próximos meses verá la luz un estudio, que elabora el Consejo Económico y Social (CES), que permitirá cuantificar, por primera vez, los gastos o "factura" que ocasiona el atasco judicial a la economía regional.
Así lo ha adelantado en su discurso con motivo de la apertura del año judicial autonómico, acompañado del fiscal Superior de la Comunidad, José Luis Díaz Manzanera; y en representación del Consejo General del Poder Judicial, el vocal Juan Martínez Moya, así como autoridades políticas, civiles y militares.
También ha defendido la necesidad de una implicación "coordinada y programada" de todas las instancias políticas, económicas y sociales de la Región para "reclamar en Madrid lo que nos corresponde" y propone, en este sentido, un Pacto Regional por la Justicia que "permita oír la voz de la Región ante quienes en Madrid tienen que tomar las decisiones para lograr, de forma urgente, nuevos edificios judiciales para Lorca, Cartagena y Molina de Segura, así como una mayor cuota para la Región en el reparto anual de nuevos órganos judiciales a nivel nacional".
Y es que, ha destacado, el sistema judicial murciano debe disponer de los medios necesarios "para estar a la altura en un momento especialmente difícil para la Región".
Momento de su discurso en el que se ha referido a los "enormes destrozos" ocasionados por la gota fría en Murcia, lo que exigirá "un esfuerzo de reconstrucción que deberá ir acompañado por una Justicia que responda, con agilidad y eficacia, a los litigios que se generarán".
Porque, ha continuado, "la fuerte presencia del Estado y sus servicios públicos, también del de Justicia, debe estar garantizada más allá de los momentos de emergencia y mantenerse durante toda la fase de reconstrucción".
RESULTADO "DESALENTADOR E INSUFICIENTE"
Consciente de la "frustración" de la sociedad por la "lentitud" de la Justicia, ha criticado que "año tras año, con gobiernos de distinto signo, el resultado para la Región ha sido desalentador e insuficiente para corregir el desfase respecto de la media nacional".
Y es que, ha confesado, "es obvio que un mal funcionamiento de la Justicia disminuye el atractivo de un territorio para nuevas inversiones". "Si los inversores no confían en que, en caso de litigio, verán reconocidos y aplicados sus derechos en un tiempo razonable, invertirán en otro sitio", añade.
Además, ha apostillado, "un deficiente funcionamiento del marco normativo les genera una estructura de incentivos adversa; y un mal funcionamiento de la Justicia produce también efectos negativos y lastra el funcionamiento del tejido productivo y comercial ya existente, haciéndolo menos competitivo al ser mayor el tiempo necesario para obtener una respuesta definitiva a un litigio, al dificultar el cobro de las deudas impagadas o al comprometer el retorno de las inversiones realizadas".
Las "ineficiencias" en el sistema judicial también pueden obstaculizar el buen funcionamiento del mercado de vivienda, ha dicho, para después advertir, en esta misma línea, que "la menor eficacia judicial reduce también la disponibilidad de crédito".
También una "adecuada" preservación del orden público y bajos niveles de criminalidad "son decisivos para promover la llegada de turistas y residentes cualificados, vital en una Región de tan clara vocación hacia esos mercados".
Según el presidente del TSJ de Murcia, "la Justicia es antes que nada un instrumento al servicio de la cohesión y la pacificación social, de garantía de nuestros derechos y libertades, mecanismo de corrección de inequidades y presupuesto del estado del bienestar".
En clave económica, ha hecho referencia a los estudios que indican la influencia negativa que en la economía puede generar un sistema judicial ineficaz.
Partiendo del PIB autonómico, que se sitúa en 31.259 millones de euros, "cada punto de ineficacia judicial significaría una pérdida de 300 millones en dicho PIB, lo que podría ser hasta 1.500 millones anuales (aproximadamente, el gasto regional en educación)".
Por su parte, "el dinero retenido en cuentas de depósitos de los tribunales murcianos asciende a 114 millones de euros, que quedan por tanto fuera de su flujo económico natural", precisa.
El presidente del TSJ de Murcia, que ha aprovechado el acto para recordar a los representantes políticos que cada día, en los juzgados y tribunales de la Región, "se solventan decenas de litigios y se atiende a cientos de ciudadanos con plena normalidad y con todas las garantías", se ha referido, no obstante, que el esfuerzo realizado es "insuficiente para absorber la creciente entrada de asuntos en los órganos judiciales de la Región".
Esfuerzo que se traduce en los 185.846 litigios resueltos en la Región en 2018, lo que representa un 1,2% más que en el año 2017, cifras que ponen de relieve que un año más, los juzgados y tribunales de la Región "se encuentran entre los más productivos a nivel nacional".
Y es que, ha manifestado, "aunque la pendencia en fase de ejecución se redujo el pasado año en un 8,8%, respecto del año anterior, la pendencia en fase declarativa ha aumentado en un 6,7 % respecto de 2017".
RECLAMA LA CREACIÓN DE 27 JUZGADOS
Año tras año, desde hace una década, las memorias e informes de este TSJ "han venido insistiendo en la necesidad de más juzgados para la Región y tenemos muchas veces la sensación de nadar vestidos".
Ha querido dejar constancia del "déficit" estructural de juzgados y tribunales que padece la Región, que "necesitaría 27 nuevas unidades judiciales para equiparse a la dotación media de órganos judiciales a nivel nacional".
"Los murcianos tenemos asignados diez jueces por cada 10.000 habitantes, mientras que en Asturias disponen de casi 15 jueces por el mismo número de ciudadanos, 14 en Cantabria y 13 en Castilla y León", ha puntualizado, para añadir después que "esta infradotación de medios tiene efectos reales y directos sobre los ciudadanos de Murcia".
Personas, ha dicho, con nombres y apellidos, como comerciantes, trabajadores, empresarios, propietarios, consumidores, familias, víctimas de delitos o menores quienes soportan los retrasos derivados de las carencias de medios que padece nuestra Justicia regional.
Ha hecho un repaso de algunas de las historias reales derivadas, precisamente de esos retrasos. Se ha referido, con nombres supuestos, a Marisa y Antonio, por ejemplo, residentes en la Región, que "tuvieron que esperar 11 meses para obtener su sentencia de divorcio en primera instancia, frente a los 4 meses que tardó un matrimonio navarro, o los 7 de otro balear".
Otro caso es el de Josefa, propietaria de un piso en Murcia, "tardó 7 meses en obtener primera sentencia en su reclamación de las rentas impagadas de su inquilino, frente a los 4 meses que habría tardado si el piso estuviera en Cataluña, o los 3 en La Rioja".
"Los trabajadores de una empresa murciana tardaron 6 meses en recibir respuesta en primera instancia a su demanda por despido improcedente, frente a los 4 meses de trabajadores de Castilla y León en la misma situación, o los 3 meses en Asturias o en Cantabria; o el caso de Oscar, comerciante con establecimiento en Cartagena, esperó 11 meses en obtener sentencia en su reclamación de 4.500 euros contra un cliente, frente a los 6 meses de una reclamación de la misma cantidad de un comerciante vasco, o los 6 meses de un gallego o de un extremeño", ha subrayado.
Todas ellas personas reales, con problemas reales, que "merecían un servicio público con los mismos medios que los ciudadanos de otras regiones de España", ha finalizado.
