La diputada Esther Clavero destaca que el Anteproyecto demuestra desconfianza hacia las mujeres
MURCIA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -
La responsable del área de Igualdad del Grupo Parlamentario Socialista, Esther Clavero, ha presentado una moción en la Asamblea Regional en la que pide retirada del Anteproyecto de Ley Orgánica por el que el Gobierno de España pretende revisar la legislación vigente en España sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo.
Clavero ha señalado que dicha ley, "además de retrógrada y reaccionaria es una chapuza jurídica que no cuenta con el consenso ni siquiera dentro del propio Partido Popular", por lo que ha invitado a los diputados del PP de la Región de Murcia a aprovechar la oportunidad y votar en contra de la Ley de Gallardón.
"Este Anteproyecto elimina la capacidad de las mujeres a decidir sobre su maternidad, al tiempo que muestra una profunda desconfianza sobre la responsabilidad de las mismas. Estamos ante una verdadera chapuza jurídica, que acaba con una Ley sobre la salud sexual y reproductiva consensuada, preventiva y respetuosa con los derechos de las mujeres", ha manifestado.
Tras lo que ha recordado que la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, recoge la garantía de los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, regula las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y establece las correspondientes obligaciones de los poderes públicos.
En su texto, se declara el derecho de todas las personas a adoptar libremente decisiones que afectan a su vida sexual y reproductiva, sin más límites que los derivados del respeto a los derechos de las demás personas y al orden público garantizado por la Constitución y las Leyes. En ella, se reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida, lo que implica no solo reconocer a las mujeres la capacidad de decisión sobre su embarazo, sino también que esa decisión, consciente y responsable, sea respetada.
Dicha Ley pretende sustituir a una regulación que 25 años atrás había supuesto un avance en la protección de las mujeres y que fue elaborada, debatida y aprobada desde el consenso con la gran mayoría de los grupos políticos con representación parlamentaria. Fruto del trabajo en sede parlamentaria de una Subcomisión en la Comisión de Igualdad, contó con la participación de una treintena de expertos y se tuvieron en cuenta las recomendaciones de expertos juristas y profesionales de la bioética y la sanidad, añade la socialista.
Además, reforzó la seguridad jurídica en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo e incorporó la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como distintos pronunciamientos, en forma de conclusiones y recomendaciones, del Consejo de Estado y organismos internacionales de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, del Consejo de Europa y de la Unión Europea.
Clavero ha indicado que la revisión que pretende llevar a cabo el Gobierno de Rajoy con esta legislación "representaría un extraordinario retroceso normativo, social e ideológico y volvería a situar a las mujeres españolas en la clandestinidad, suprimiendo su derecho a decidir responsable, consciente y libremente sobre su sexualidad y maternidad, y afectando a su seguridad jurídica y a la de los profesionales de nuestro sistema de salud, así como a la garantía en el acceso a las correspondientes prestaciones sanitarias".
El Anteproyecto de Ley presentado el 20 de diciembre de 2013 en el Consejo de Ministros "ha confirmado y tristemente superado las peores conjeturas acerca de sus desastrosos efectos sobre la libertad y los derechos de las mujeres".
Con el Anteproyecto aprobado por el Gobierno de Rajoy, insiste, se suprime el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo en las primeras catorce semanas, considerándose como delito despenalizado solo en los supuestos de violación y grave peligro para la vida o la salud de la mujer, privando a esta de su derecho a decidir sobre su maternidad. Se suprime también, por tanto, el supuesto de malformaciones o anomalías fetales incompatibles con la vida, que había justificado la interrupción del embarazo desde los años ochenta del siglo pasado.
Esta norma no solo supondrá un grave retroceso de más de treinta años para la legislación española en este ámbito, sino que situaría a España como un excepción en toda Europa, donde en los últimos años ningún país había legislado hacia atrás en esta materia.
La diputada ha indicado que "las mujeres españolas sufrirán un injustificado retroceso después de haber contado con una de las legislaciones más avanzadas, más seguras, con mayores efectos en la prevención de embarazos no deseados y que había conseguido reducir el número de abortos en el último año".
El Anteproyecto de Ley de Gallardón ha provocado un enorme rechazo social de la ciudadanía española y europea, de las organizaciones sociales, profesionales y feministas, y además ha motivado la aparición de críticas de miembros del propio Partido Popular, incluidas las de algunas mujeres que ocupan cargos públicos, discrepando de su contenido; también ha contado con el rechazo por parte de dirigentes y medios de comunicación extranjeros, "donde solo ha cosechado la felicitación de formaciones políticas de la extrema derecha".
