CARTAGENA (MURCIA), 14 May. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transporte tramitó favorablemente "694 solicitudes para el cobro de la ayuda de 210 euros anuales para el alquiler", según explicó hoy en el pleno de la Asamblea Regional, el consejero del ramo, José Ballesta.
Los datos suministrados por Ballesta indican que, desde el inicio del plazo para solicitar las ayudas, se han recibido alrededor de 6.000 peticiones de información que eclosionaron en 1.480 solicitudes, de las que se informaron 1.355 y se han resuelto 940. De ellas recibieron el visto bueno definitivo las 694 antes mencionadas.
Esto llevó a Ballesta a mostrarse "escéptico" sobre que se pueda llegar a cumplir "las expectativas de llegar a 14.000 jóvenes, tal y como pretendía el Gobierno central".
El perfil de personas interesadas en esa forma de emancipación era el de un residente en Murcia (35%) o Cartagena (15%), con un 54 por ciento de mujeres y una edad media de 26 años, según explicó Ballesta.
Para acceder a estas ayudas se puede buscar información en la página web de la Comunidad Autónoma, donde aparece en lugar destacado. Este lugar de consulta ha sido visitado más de 20.000 veces y, según Ballesta, funcionó correctamente gracias al "desarrollo de herramientas informáticas adicionales, dado lo deficiente de las proporcionadas por el Ministerio de la Vivienda".
Ballesta añadió que esta falta de recursos informáticos no es el único fallo del Ministerio de la Vivienda y enumeró algunos problemas de gestión que, según indicó, lastraron la tramitación de estos programas de ayudas por parte de las Comunidades Autónomas.
Por su parte, la diputada del PSOE, María González, explicó que la medida tuvo por objetivo "una mayor accesibilidad a viviendas en alquiler, con un precio más favorable, un aumento del parque de viviendas en alquiler, una mayor seguridad para los arrendadores y un freno al fraude".
A su juicio, "los requisitos exigidos por la Consejería fueron excesivos; al principio nueve y luego hasta 13, muchos de ellos innecesarios, con modificaciones continuas de los procedimientos de petición". Por eso, consideró "indignante la confusión que generó la Consejería entre enero y principios de febrero" y que llevó a los peticionarios "a tener que depositar fianzas y tener que afrontar pagos para realizarla".
Por último, para José Antonio Pujante, de Izquierda Unida, esta medida es buena pero no suficiente. A su juicio, "sin vivienda de promoción directa de la Administración la política en esta materia se queda totalmente coja".
