MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
El abogado Juan Jesús Yeves, defensor de uno de los considerados autores materiales de los atentados, Abdelmajid Bouchar, dijo esta tarde que su cliente "nunca estuvo" en la casa de la calle Carmen Martín Gaite de Leganés donde se produjo el suicidio de los siete terroristas islamistas el 3 de abril de 2004 y añadió que en todo caso, "se marchó mucho antes de que ocurrieran las inmolaciones".
Indicó que "no es delito ser árabe" y destacó que no existe ninguna prueba concluyente de autoría de la masacre.
La Fiscalía solicita un total de 38.950 años para este acusado al que considera responsable de los delitos de pertenencia a banda armada, 191 asesinatos terroristas, 1.841 en grado de tentativa y cuatro estragos terroristas. Huyó de la casa de Leganés al detectar la presencia de la policía y fue detenido meses después en Serbia.
El letrado negó cualquier implicación de Bouchar en los acontecimientos de Leganés y se preguntó como es posible que tomara parte si no se encontraba allí en el momento en que se produjeron por lo cual no pudo tomar ninguna decisión sobre los suicidios.
Destacó que ninguno de los testigos presenciales que se encontraban en los trenes en el momento de los atentados ha realizado un reconocimiento concluyente de su patrocinado. Así, destacó que la única persona que dijo verle admitió que le confundía con Jamal Zougam, con el que tiene un cierto parecido físico.
Puso también de manifiesto que no se ha detectado ADN de Bouchar ni en la furgoneta Renault Kangoo que sirvió para trasladar a los terroristas desde la casa de Morata de Tajuña hasta la localidad madrileña de Alcalá de Henares, ni en las ropas abandonadas en Vicálvaro.
En cuanto a la identificación realizada por un funcionario policial que le siguió en su huída de Leganés, el abogado señaló que el agente no reconoció a su representado días después de los hechos en un reconocimiento fotográfico y añadió que tampoco le identificó en una rueda celebrada tiempo después. "Dos años más tarde y en declaraciones a esta sala dice que era él", dijo y agregó: "¿Cómo es posible que cuando le perseguía no lo reconozca ni en fotografía y dos años después lo haga sin ninguna duda?".
El letrado sugirió que fue la necesidad de detener a alguna persona después de la explosión de Leganés la que llevó a la detención de su cliente ya que era necesario implicar a alguien.
EMILIO LLANO
Antes de esta intervención se produjo la de la abogada del vigilante de Mina Conchita, Emilio Llano, que pidió su libre absolución por falta de pruebas. La abogada Pilar Gómez indicó que Llao siguió con "el mismo sistema" que el anterior encargado.
Sus superiores nunca le indicaron que cambiara esta manera de trabajar, destacó la letrada, que agregó que la Guardia Civil había percibido irregularidades en la gestión de la mina pero que lo toleró como sucedía en todas las explotaciones asturianas.
Emilio Llano, responsable del control de Mina Conchita, de donde partió la dinamita utilizada en los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, está acusado del delito de sumistro de explosivos, por el que la Fiscalía solicita en su caso 5 años de prisión.
Su intervención fue decisiva, en opinión de la fiscal Olga Sánchez, por la desatención en el control de los explosivos y detonadores. Según el escrito de conclusiones preliminares de la Fiscalía Llano omitió el mínimo deber de cuidado imprescindible y creó con ello una grave situación de riesgo al permitir que las llaves de los minipolvorines las tomaran los artilleros, que abrieran los mismos y que cogieran lo que creían necesario,-sin control de cantidad ni anotación-. El asturiano confiaba en las cantidades que le decían verbalmente los trabajadores, que dejaban posteriormente las llaves en un lugar acordado.
El acusado era, pues, el responsable y encargado de registrar las entregas de sustancias explosivas y detonadores, así como de anotar los consumos en documentos internos de la empresa que sin embargo, en vez de custodiarlos y entregarlos a la compañía, rompía al finalizar cada mes. El día 1 de marzo de 2004 se recibieron en Mina Conchita 300 kilos de Goma 2 ECO de una numeración diferente a las halladas en el piso de Leganés.
Ese mismo día Llano, como responsable de la mina, justificó documentalmente un gasto de 150 kilos. Los ajustes reflejados en el libro de control, teniendo en cuenta los 100 kilos de remanente que había del mes anterior, mostraron la falta de 50 kilos de explosivo.
Este error fue detectado por la Intervención de Armas de la Guardia Civil de Salas, Asturias. Puesto de manifiesto lo justificó "verbalmente" afirmando que la voladura del día 1 de marzo de 2004 fue de 200 kilos, en lugar de los 150 reseñados. Por ello, con la finalidad de ocultar la sustracción de explosivos llevada a cabo por el grupo del ex minero José Emilio Suarez Trashorras, se reflejó un error documental de 50 kilos de explosivo en las anotaciones realizadas.
