MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Estado tiene previsto terminar de pagar antes de que finalice el año todas las indemnizaciones a las que tienen derecho los familiares de los fallecidos y los heridos en los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. En total, hará frente al pago de alrededor de 340 millones de euros para cumplir con la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, según detallaron a Europa Press fuentes conocedoras del proceso.
El tribunal del 11-M dictaminó en su sentencia hecha pública en octubre de 2007 que cada familiar de los 191 fallecidos por los atentados debía recibir una indemnización de 900.000 euros, así como la esposa del GEO que murió en Leganés tras la explosión del piso de la calle Martín Gaite.
Además, estableció que las indemnizaciones para los heridos oscilarían entre los 30.000 euros, la más baja, y 1.500.000 euros la más alta. Para concretar la cantidad que debía percibir cada herido, el tribunal estableció 12 categorías repartidas en función del grado de la lesión sufrida.
La sentencia fijó en un total de 1856 el número de heridos repartidos en estas categorías. De este modo, los pertenecientes al grupo 1 (lesionados que requirieron menos de 30 días de curación y que no sufrieron secuelas) recibirían 30.000 euros, mientras que el grupo 12 (lesiones extremas), en el que sólo se incluyó a siete personas, recibirían 900.000 euros, la misma cantidad destinada a cada familia las víctimas mortales.
Sin embargo, el pago de estas cantidades se ha prolongado a lo largo de los dos últimos años debido a la complejidad de algunos casos, según reconocieron las fuentes consultadas, aunque el Gobierno pretende finalizar antes de 2010 todos pagos y cumplir así con la sentencia de la Audiencia Nacional.
CASOS DIFÍCILES
Especialmente difícil en este proceso ha sido el caso de una de las víctimas, Laura Vega, quien se encuentra en estado vegetativo en un hospital de Madrid desde que fue víctima de los atentados. Además de la indemnización de un millón de euros por los mayores padecimientos que supone su estado, se ha habilitado un fondo de 500.000 euros para financiar su recuperación.
El Ministerio del Interior ha sido el encargado de tramitar todas las indemnizaciones, aunque el ministro, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha dejado en manos del director general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, José Manuel Rodríguez Uribes, el estudio de cada uno de los casos. Para ello, ha trabajado en estrecha colaboración con las asociaciones de víctimas, con las que ha abordado los casos de aquellos heridos cuyo caso es difícil de enmarcar en alguna de las doce categorías establecidas.
En un auto de aclaración dictado por el tribunal del 11-M tras emitir la sentencia de los atentados, se acordó la subrogación a favor del Estado por las cantidades económicas que ya había abonado como indemnización. Tras los atentados, los familiares de los fallecidos recibieron unos 230.000 euros y los heridos con gran invalidez alrededor de 500.000 euros.
