MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Unión Progresista de Fiscales ha mostrado su respaldo a la huelga general convocada por los sindicatos para el próximo 29 de septiembre ante las "medidas gravemente antisociales" del Gobierno en respuesta a la crisis económica que afectan "tanto a los trabajadores en general, a través de una reforma laboral que debilita gravemente la protección y los derechos de los asalariados, como a los pensionistas y a los empleados públicos a través de inusitados recortes en sus ingresos".
En este sentido, la asociación asegura que la huelga "constituye la respuesta plenamente justificada de la clase trabajadora contra el reciente giro de la política social y económica del Gobierno, según ha informado el sindicato.
"Estamos en un momento histórico en que, más que nunca, resulta necesario desarrollar políticas tendentes a reforzar los principios de igualdad y solidaridad que deben cimentar nuestro Estado social. Frente a ello, sin ni siquiera incidir en las finanzas especulativas y los abusos inmobiliarios que nos han sumido en la última crisis económica, el Ejecutivo español ha optado por una serie de medidas gravemente antisociales", han denunciado.
SOLIDARIDAD CON LA PROTESTA
Ante esta situación, la Unión Progresista de Fiscales ha mostrado su "plena solidaridad con la protesta y las reivindicaciones de los trabajadores" y ha declarado "expresamente" su apoyo a la huelga general convocada por los sindicatos que los representan.
En este sentido también se ha expresado la asociación Jueces para la Democracia (JPD) mostrando su apoyo a la huelga general y criticando que las medidas emprendidas por el Gobierno se hayan concretado en "restricciones sustanciales en los derechos de pensionistas, personas dependientes y desempleadas".
La asociación, de corte progresista, señaló este martes mediante un comunicado que en tiempos de crisis económica "es preciso recordar que uno de los pilares que sustentan el Estado Constitucional es necesariamente la lucha contra las desigualdades, lo que se traduce en la concepción de los derechos sociales como instrumentos de garantía de los más débiles".
JpD VE "INACEPTABLE" LAS RESTRICCIONES
Por ello, los jueces de JpD consideran "inaceptable" que sean precisamente los ciudadanos más desfavorecidos "quienes tengan que asumir los costes de una situación económica que encuentra su origen en la ventajista e irresponsable actuación de unos pocos".
Afirman que el camino emprendido en el mes de junio por el Ejecutivo para luchar contra la crisis económica se concretó en restricciones sustanciales en los derechos de pensionistas, personas dependientes y desempleados, así como en recortes retributivos sin precedentes en el ámbito de la función pública.
JpD había señalado igualmente que tras años de pérdida de poder adquisitivo, las recientes reformas normativas suponen una profunda erosión de los derechos de los trabajadores --abaratamiento del despido, precarización de la contratación, merma de la negociación colectiva, debilitamiento del control judicial, etc.-- y colocan al ordenamiento jurídico laboral español "entre aquéllos con niveles más bajos de protección en el ámbito europeo".
