MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) - De hecho, Roig ha recurrido varias veces al informe emitido por el grupo de trabajo de la ONU sobre detención arbitraria para enfatizar que Cuixart se encuentra en prisión desde el 16 de octubre de 2017 por ejercer su derecho a la libertad de opinión, expresión, asociación, reunión y participación política. Por ello, ha pedido al tribunal la absolución del líder de Òmnium Cultural, así como su puesta "inmediata" en libertad. Ya entrando a valorar los hechos concretos por los que se acusa a Cuixart, su abogada ha asegurado que la Fiscalía ha partido de la "evidencia de que todos los acusados comparten la aspiración del ejercicio de la autodeterminación de Cataluña". Ha recalcado que no hay pruebas suficientes contra el presidente de la asociación y que ni siquiera los documentos que las acusaciones vinculan al proceso independentista, como la 'hoja de ruta' o la agenda Moleskine de Josep María Jové, mano derecha del exvicepresidente Oriol Junqueras, "instrumentalizan la movilización ciudadana como insurrección". La abogada ha señalado que de los "graves incidentes" que a juicio de la Fiscalía ocurrieron el 19 y 20 de septiembre de 2017, Cuixart "convocó y participó única y exclusivamente" en la concentración ante la Consejería de Economía en Barcelona, que está "encardinada y debe estar protegida por el derecho legítimo a la reunión". "Es tan legítima la protesta contra una actuación del Poder Legislativo o Ejecutivo como contra una resolución del Poder Judicial", ha agregado. Asimismo, ha dicho que el 1 de octubre Cuixart sólo animó a los ciudadanos a mantener la "resistencia pacífica" ante la llegada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que, a su entender, debe considerarse como "reunión pacífica". En este sentido, ha dicho que si hubo algún incidente entre manifestantes y agentes fue algo "aislado", no compartido por la totalidad de las 2.300.000 personas que acudieron a los colegios electorales, de los cuales "170.000 personas votaron que 'No' a la Independencia" y que todos ellos eran conscientes de que estaba prohibido por el Tribunal Constitucional. En este sentido, Roig ha criticado que la Fiscalía califique los meses de septiembre y octubre de 2017 como un "periodo insurreccional", mismo título que presentó en sus atestados el teniente coronel Daniel Baena, jefe de la investigación policial sobre el referéndum. "Baena paso a servir en bandeja una terminología más acorde con el delito de rebelión" porque hablar de una "desafección a las autoridades" resultaría una acusación "descafeinada", ha afirmado la abogada. Así, insistiendo en que "manifestarse suele ser la opción política que utiliza la ciudadanía" en busca de ciertos "cambios" y que "determinados poderes del Estado" aborda las protestas "como si fueran una amenaza", de lo que, a su juicio, es ejemplo la acusación contra Cuixart, la letrada ha defendido que los hechos no encajan ni en el delito de rebelión ni en el de sedición. Para la defensa del presidente de Òmnium Cultural ni en la concentración ante la Consejería de Economía ni el día del referéndum ilegal se dio "la violencia idónea que requiere el delito de rebelión", del que acusan la Fiscalía y la acusación popular Vox. Pero "tampoco fue un intento de impedir actuaciones judiciales, que es lo que requiere el delito de sedición", que imputa la Abogacía del Estado. Asimismo, ha enfatizado que no cree que cantar Els Segadors -himno catalán-- ante cuarteles de la Guardia Civil o en los hoteles donde se alojaron los policías que fueron desplazados a Cataluña "se pueda entender como un acto de acoso o de violencia". Así, ha destacado que la Fiscalía ha aportado sólo vídeos en los que se ven a los furgones policiales abandonar algún colegio concreto o algún registro, pero en ningún momento "nos han permitido ver cómo reacciona la ciudadanía ante la intervención". Ha aprovechado este momento para recordar que los representantes del Ministerio Público no pudieron identificar los días de algunas de las imágenes que visionaron, incluso las "mezclaron", para "intentar confundir al tribunal". En cuanto a la intervención de Cuixart el 20 de septiembre, ha resaltado que en todo momento "llamó a la calma" a los manifestantes y que los guardia civiles que formaron parte de la comitiva judicial partían de la "desconfianza" hacia a él, que se malinterpretó, porque "desconocía" la habitual "mediación" de los promotores de las concentraciones con los Mossos d'Esquadra.
