BARCELONA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -
El abogado Gonzalo Boye, que defiende a los exconsejeros Toni Comín y Meritxell Serret y trabaja en coordinación con la defensa del expresidente Carles Puigdemont, cree evidente que los presos no tendrán un juicio justo "porque no han tenido una instrucción justa".
En una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, Boye ha calificado la causa judicial contra los políticos independentistas de "inquisitoria" y ha dicho que se tendría que investigar al Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que este miércoles solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investigue al vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, y a los diputados de ERC en el Parlamento catalán Lluís Salvadó y Josep Maria Jové.
También ha calificado la investigación de prospectiva y ha explicado que solo se puede recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando se agote la vía interna: "La única posibilidad de buscar justicia es acudir a los --tribunales-- internacionales".
Sobre la duración del juicio a los políticos independentistas presos, ha explicado que puede alargarse porque si la Fiscalía General del Estado y Vox proponen hacer declarar a los guardias civiles heridos en el 1-O, solicitarían la participación de los ciudadanos heridos: "Con más de 1.000 testigos, --el juicio-- duraría varios meses".
Ha explicado que, aunque la sentencia se podrá recurrir al Tribunal Constitucional (TC), será firme porque el TC se encuentra fuera de la jurisdicción ordinaria, y ha lamentado que el Tribunal Supremo "a estas alturas puede hacer lo que se le antoje".
También ha comparado la diferencia de acusaciones entre el 9-N y el 1-O, en el primer caso por desobediencia en el TSJC y en el segundo por presunta rebelión, sedición y malversación en el TS: "La ley no ha cambiado, lo único que ha cambiado es la intencionalidad política con la que se persigue a estas personas".
Boye tiene esperanza en la libertad de los presos pero que depende de la Fiscalía y, sobre todo, de la nueva fiscal general del Estado, María José Segarra, quien tiene una trayectoria que la avala pero aún no controla la Fiscalía, según Boye.
Sobre la libertad de Puigdemont, ha insistido en su libertad de movimientos por la retirada de la euroorden, pero no le recomienda pisar la Embajada española por el principio de territorialidad.
