MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
La juez de Instrucción número 35 de Madrid, Gemma Gallego, ha dictado un auto en el que acuerda "dejar sin efecto la personación" del abogado del Estado en la causa en la que investiga la presunta falsificación de un informe policial sobre el hallazgo de ácido bórico en el domicilio de un procesado en el 11-M, un piso franco de ETA y en poder de un militante antisistema.
El auto de dos páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, acuerda "dejar en suspenso" la personación del abogado del Estado "en tanto no se justifique en debida y legal forma, la condición que le corresponde ostentar en estas diligencias".
La juez Gallego, candidata de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), utiliza el escrito y el recurso presentado por la Abogacía del Estado contra la negativa de la magistrada a dejarle asistir a la declaración del pasado viernes del jefe de Analítica de la Policía Judicial, Francisco Ramírez, y contra el secreto del sumario decretado.
En este sentido, la juez recuerda las expresiones utilizadas por el abogado del Estado para justificar su personación en la causa como que lo hacía como "perjudicado" o "responsable civil", al encontrarse imputados funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.
A continuación, el auto explica que "la atribución que pretende la doble consideración procesal de 'perjudicado' y, simultáneamente, 'responsable civil', adolece de indeterminación, incluso de incompatibilidad, y sin duda dificulta la adecuación del tratamiento procesal que, con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, corresponde otorgar personación interesada".
Según la juez, tampoco aparece en la jurisprudencia ningún precedente salvo un caso de 1991 relativo a la malversación de caudales, "que, desde, no parece aplicable al delito de falsedad que está siendo investigado", afirma el auto.
Por ello, suspende la personación de la Abogacía del Estado hasta que aclare en concepto de qué lo hace. La abogacía del Estado recurrirá en los próximos días la resolución de la magistrada.
En su recurso el abogado del Estado pedía la nulidad de actuaciones por no habérsele permitido asistir a la declaración de Ramírez, a pesar de que se autorizó la personación de la Abogacía del Estado el pasado día 13, en nombre de la Administración, ya que al estar imputados responsables policiales, el Estado podría terminar siendo considerado responsable civil subsidiario de lo sucedido.
