MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -
Las acusaciones personadas en la causa contra el represor argentino Ricardo Miguel Cavallo, que será juzgado en España por decisión del Tribunal Supremo por los crímenes cometidos durante la dictadura de este país entre 1976 y 1983, reclamaron hoy a la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional que señale "a la mayor brevedad el inicio de las sesiones del juicio oral" y decrete "de forma inmediata" la prisión provisional del procesado.
En un escrito presentado hoy al que tuvo acceso Europa Press, todas las acusaciones particulares y populares a excepción de las representadas por Izquierda Unida (IU) y la Asociación Argentina de Derechos Humanos piden que se decrete la prisión provisional para Cavallo "dada la gravedad de los hechos, el horizonte penal, según el escrito de conclusiones provisionales de estas acusaciones, y su absoluta ausencia de arraigo en España".
Asimismo, destacan que en los próximos meses Cavallo "cumpliría el periodo máximo de prisión provisional" (dos años prorrogables por otros dos hasta un límite de cuatro) que le fue decretada en junio de 2003 por el Juzgado de Instrucción número 4 en relación con los crímenes cometidos durante la dictadura argentina, que se produjo tras ser extraditado por México.
Los plazos máximos de prisión provisional aún no se han cumplido porque durante unos meses Cavallo ha estado en la cárcel por la petición de extradición presentada por Argentina después de que la Audiencia Nacional renunciara a su competencia para juzgarle.
SATISFACCIÓN ENTRE LAS ACUSACIONES
El abogado Carlos Slepoy, que representa a una de las acusaciones populares, señaló que con la decisión del Supremo se demuestra que la cesión de jurisdicción acordada por la Audiencia Nacional era "indebida" y que "no existe prioridad de un tribunal respecto de otro". En este sentido, destacó que Cavallo quería ser juzgado en Argentina porque, "a pesar de la derogación de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, los militares en Argentina siguen teniendo privilegios".
Aunque reconoció los "avances" que se han experimentado en el país sudamericano en la "lucha contra la impunidad", Slepoy señaló que en Argentina existe todavía "una situación de impunidad real" porque "no hay ni un solo militar que haya sido juzgado en Argentina" por genocidio o crímenes contra la humanidad. "Los responsables están en los cuarteles o en sus casas, los procesos están atomizados, no hay jueces dedicados en exclusiva a estas cuestiones, no hay presupuesto para los juicios", se quejó.
Por su parte, Antonio Segura, que representa a la Asociación Argentina de Derechos Humanos, se mostró "muy satisfecho" con la decisión del Supremo y señaló que la cesión de jurisdicción acordada por la Audiencia Nacional constituía "un refrito muy extraño".
En una línea similar el letrado José Luis Galán, que representa a la Asociación contra la Tortura, se mostró "muy satisfecho" por la decisión del Supremo y destacó que supone "un refrendo del principio de Justicia universal y un varapalo a la Sección Tercera de la Audiencia Nacional".
Cavallo será juzgado en España al anular el Tribunal Supremo la cesión de jurisdicción a favor de Argentina acordada por la Audiencia Nacional en diciembre de 2006. El alto tribunal considera que la Audiencia aplicó una vía "inadecuada", estimó una declinatoria de jurisdicción "planteada de forma incorrecta" y usurpó funciones del Ejecutivo en materia de extradiciones.
