MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
Todas las acusaciones populares personadas en la causa contra el ex represor argentino Ricardo Miguel Cavallo, excepto la Asociación Argentina de Derechos Humanos, piden en un escrito de calificación conjunto presentado en la Audiencia Nacional distintas alternativas de pena que oscilan entre los 4.200 y los 21.000 años de prisión para el ex militar por los crímenes que supuestamente cometió durante la dictadura argentina (1976-1983).
Las acusaciones solicitan la petición más leve --4.200 años-- por 700 delitos de tortura, mientras que la más elevada --21.000 años-- la hace si considera los hechos que se le imputan 80 delitos de terrorismo con resultado de muerte y 620 de lesiones o bien 700 delitos de terrorismo organizado o no organizado.
En el escrito, al que tuvo acceso Europa Press, reclaman 6.120 años de cárcel por 80 de asesinatos y 620 de lesiones conforme al Código Penal vigente en el momento de cometer los crímenes. En cambio, los mismos delitos con el Código de 1995 suponen una pena de 4.700 años.
Como alternativa plantean una petición de 11.700 años de cárcel por 80 delitos de terrorismo con resultado de muerte y 620 con resultado de lesiones. También califica los hechos como terrorismo no organizado y , en este caso, piden una petición de 4.900 años de prisión. Para el caso de que se consideren los crímenes de terrorismo organizado solicitan 16.100 años de cárcel.
PENAS MILENARIAS
La fiscal de la Audiencia Nacional Dolores Delgado reclama una petición de penas que oscilan entre los 13.332 y los 17.010 años de prisión para el ex represor argentino por los crímenes que supuestamente cometió durante la dictadura militar argentina (1976-1983). La variación de penas se debe a que el escrito de acusación incluye seis alternativas de condena, todas ellas por miles de años de encarcelamiento, aunque el tiempo máximo de cumplimiento en España son 30 años de internamiento.
La Asociación Argentina pro Derechos Humanos-Madrid y varios familiares de víctimas, consideran que los hechos delictivos constituyen un delito de lesa humanidad, por el que le corresponde una pena de 20 años de cárcel conforme a lo que establece el Código Penal Vigente, o bien de un delito contra la humanidad en relación a 4.400 delitos de asesinato, por el que piden 30 años de prisión, si se tipifican según el ordenamiento jurídico en vigor cuando se cometieron los hechos.
En su escrito de calificación recogen dos alternativas de petición de penas, según la legislación actual y según la vigente en el momento de comisión de los hechos delictivos. En el primer caso, señala que los hechos constituyen un delito de lesa humanidad, según el derecho internacional vigente y recogido en el artículo 607 bis del Código Penal español.
Según la legislación vigente cuando se cometieron los crímenes, las acusaciones consideran que son constitutivos de un delito contra la humanidad en relación a 4.400 delitos de asesinato, por lo que solicitan una pena de 30 años de cárcel.
En este sentido, las fuentes consultadas señalaron que no reclaman penas milenarias, al contrario que la fiscal, puesto que "el máximo de cumplimiento con el actual Código Penal es de 30 años y no tiene sentido, sumar" años "en un concurso de delitos". Para las acusaciones, "lo importante es volver a conseguir una segunda sentencia en los mismos términos que la conseguida por Adolfo Scilingo", condenado por la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional a 640 años de cárcel por un delito de lesa humanidad por la muerte de 30 personas.
PLAN SISTEMÁTICO DE ELIMINACIÓN
La fiscal explicaba en su escrito de acusación que a lo largo de 1975, los responsables militares argentinos, las Fuerzas policiales y civiles "tomaron la decisión no sólo de derrocar a la presidenta constitucional, María Estela Martínez de Perón, mediante un golpe de Estado, que se materializó el 24 de marzo de 1976, sino también de diseñar, desarrollar y ejecutar un plan criminal sistemático de desaparición y eliminación física de una considerable parte de la ciudadanía que reputaban incompatible con su proyecto político y social".
Las víctimas eran seleccionadas "en función de su adscripción a determinados sectores y por motivos ideológicos, políticos, étnicos y religiosos". Es decir, se trataba de eliminar a todas las personas que consideraban "contrarias a lo que denominaban 'la moral occidental y cristiana'".
Para ello, se estableció un esquema represivo que "respondía a una estructura férrea y estrictamente militar". El sistema funcionaba verticalmente, según la estructura jerárquica del Ejército, y horizontalmente, por armas o clase, pero con rígida coordinación, impuesta por los componentes de las sucesivas Juntas Militares. Dentro del operativo general funcionaban cinco grupos de tareas, de GT1 a GT5, siglas con las que se definía a la Policía Federal, Batallón de Inteligencia, Armada Nacional, Fuerza Aérea y Side.
ESMA
En 1976, Ricardo Miguel Cavallo, que utilizaba los alias "Sérpico" y "Marcelo", era teniente de Fragata y estaba destinado en la centro clandestino de detención de la ESMA, donde "se integró plenamente en el desarrollo de ese plan de represión y exterminio", y formó parte de dos grupos de tareas de forma permanente. Primero estuvo en el encargado de "allanamientos, muerte, detención, secuestros y apropiación de bienes de las víctimas, a partir de los datos que proporcionaba el sector de Inteligencia".
A partir de enero de 1979 se integró en el área de Inteligencia y "por tanto participó en las torturas que en forma sistemática se practicaban sobre los detenidos". Durante su estancia en la ESMA, de la que fue trasladado en marzo de 1980 al Centro Piloto de París, estuvieron detenidas allí en algún momento 5.000 de las 30.000 personas desaparecidas durante la dictadura. Gracias a las investigaciones se han podido contabilizar 255 personas desaparecidas o ejecutadas, mientras Cavallo estuvo en la ESMA. Se han podido individualizar 209 de ellas.
