MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) ha anunciado este martes la presentación de un recurso ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra el archivo del caso sobre la venta de preferentes en la Caja de Ahorros del Mediterráneo que dictó la Audiencia Nacional y que, en opinión de esta organización, acrecenta "todavía más la impunidad del fraude de las cajas" de ahorro.
Según explica en un comunicado, recurre el archivo al entender que "la actuación fraudulenta de los dos máximos dirigentes de la CAM, Roberto López Abad y María Dolores Amorós, merece un reproche penal tras una administración caracterizada por la corrupción y la mala gestión".
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional archivó el pasado mes de julio la investigación relativa a la venta de preferentes y deuda subordinada por parte de la CAM en aplicación de la conocida como doctrina 'Botín' al no ejercer acusación el Ministerio Fiscal y después de que las acusaciones particulares pidieran el sobreseimiento de la investigación. Sólo ADICAE mantenía su personación como acusación popular.
La asociación se dirige ahora a la Sala Segunda del Supremo porque con el archivo del primer juicio penal por las preferentes que llegaba a la Audiencia Nacional se impedía además a esta asociación seguir como acusación popular, "produciendo una nueva situación de indefensión".
"Es más que evidente y comprobado que existió premeditación de la caja a la hora de lanzar al mercado las preferentes, destinando las mismas a aquellos consumidores y a clientes de forma engañosa, con el ánimo de mejorar la solvencia de la entidad a costa de los ahorros de los pequeños ahorradores y a sabiendas de que se trataba de productos en ninguna forma adecuados para los consumidores en general", denuncia ADICAE.
ADICAE considera que "el daño a la sociedad y a la economía es palpable" y afirma en el recurso que si bien se ha resarcido a "gran parte" de los afectados, "no se ha acreditado la ausencia de daños y perjuicios a los pequeños ahorradores y a la economía y la sociedad en su conjunto". Considera así que "se podía encuadrar dentro de esos intereses difusos o colectivos que permiten el ejercicio de la acción pública como se permitió en el caso Atutxa".
La organización destaca además que atendiendo a los delitos por los que se acusa a Roberto López Abad y María Dolores Amorós, --estafa, publicidad engañosa y maquinación para alterar el precio de las cosas--, se puede considerar que se está "ante el enjuiciamiento de delitos que protegen bienes de titularidad colectiva, de naturaleza difusa o de carácter metaindividual", es decir, "que afectan a los intereses colectivos más allá de los puramente individuales".
"Una estafa de tal magnitud no debe quedar impune", proclama la asociación, que considera "insuficiente que tan sólo se investiguen delitos claramente menores relacionados con indemnizaciones, pensiones millonarias o las tarjetas 'black'".
