SEVILLA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -
El presidente ejecutivo del Partido Comunista (PCE), Felipe Alcaraz, afirmó hoy que los jornaleros afectados por el 'decretazo' tienen derecho a "reclamar las subvenciones que han dejado de invertirse en Andalucía" desde que el Real Decreto Ley de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo fuera ayer declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional y que fue aprobado en 2002 por el Gobierno de José María Aznar.
En declaraciones a Europa Press, Alcaraz aseguró que "los millones que han dejado de venir a la región", que el presidente del PCE cifró entre 300 millones de euros, "deben recuperarse una vez que el 'decretazo' ha perdido su vigencia" tras ser declarado inconstitucional y anular así un Decreto Ley por no justificar la urgencia necesidad por la que se aprobó la norma.
En este sentido, Alcaraz solicitó que se compensen "a todos aquellos trabajadores que han sido expulsados del sistema". El presidente comunista indicó que el 'decretazo' "ha supuesto la expulsión del subsidio agrario de más de 100.000 trabajadores del campo andaluz que no pudieron solicitarlo".
A este respecto, aseguró que en estos momentos "no vale ningún tipo de pacto ni poner un punto final que no aporte soluciones, puesto que se han anulado completamente todas las normas del 'decretazo'".
Así, el presidente ejecutivo del PCE apuntó que "es un tema de prioridad para Andalucía", por lo que criticó que está escuchando declaraciones "muy tibias y muy suaves que intentan ocultar el fondo político de la cuestión".
Con esta sentencia, el Constitucional estima así los recursos de inconstitucionalidad presentados por la Junta de Andalucía, más de 50 diputados de los Grupos Parlamentarios Socialista, Izquierda Unida y Mixto del Congreso de los Diputados contra el llamado 'decretazo', que dio lugar a una huelga general convocada por los sindicatos.
El alto tribunal entiende que el Gobierno popular no aportó ninguna justificación para apreciar la concurrencia de urgente necesidad que alegó el Ejecutivo, con Juan Carlos Aparicio como ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, para su aprobación.
