(Amp) La Audiencia deja en libertad sin fianza al ginecólogo Carlos Morín tras dos meses en prisión por abortos ilegales

Actualizado: viernes, 25 enero 2008 20:42

BARCELONA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Barcelona dejó ayer en libertad provisional sin fianza al ginecólogo peruano Carlos Morín, encarcelado desde el 30 de noviembre por presuntamente practicar abortos ilegales en las clínicas Ginemedex, TCB y Barnamedic de Barcelona. También fueron excarceladas la esposa del doctor, María Luisa D.S., y una de sus colaboradoras, María Virtudes S.V., según informaron a Europa Press fuentes judiciales.

Con su decisión, la Sección Novena de la Audiencia estima los recursos de apelación presentados por las respectivas defensas de los tres imputados, al entender que no existe riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas. Sin embargo, tendrán que presentarse periódicamente en el Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, encargado del caso y que ha vuelto a prorrogar el secreto de las actuaciones.

Para evitar la reiteración del delito, el tribunal prohíbe a Morín, a su esposa y a su colaboradora que se acerquen a las clínicas investigadas y, además, inhabilita cautelarmente al ginecólogo para ejercer como médico. Pese a quedar en libertad, los tres siguen imputados por los presuntos delitos de aborto ilegal, asociación ilícita, falsedad documental e intrusismo.

DOS FASES.

La juez ordenó el 30 de noviembre el ingreso en prisión de Morín como presunto cabecilla de una trama organizada para practicar abortos ilegales en los centros médicos que dirigía en la parte alta de Barcelona. Ese mismo día también ingresaron en prisión sin fianza María Luisa D.S. y Virtudes S.V., la mano derecha del ginecólogo y responsable de esta trama, que captaba a las embarazadas y tenía ramificaciones internacionales.

Los tres imputados fueron detenidos el 26 de noviembre junto a los facultativos Dimas A.C., Pedro Juan L.A. y Marcial R., en la que fue la primera fase de la operación contra las clínicas abortistas dirigidas por Morín. Los tres médicos, sin embargo, sólo fueron imputados por aborto ilegal y asociación ilícita, y quedaron en libertad tras pagar fianzas de 2.000 y 4.000 euros.

Las detenciones se produjeron en el marco del registro de las clínicas Ginemedex, TBC, EMECE y Clínicas Barnamedic y del domicilio de Morín, en Sant Cugat de Vallès (Barcelona), que se realizó tras admitirse a trámite en julio de este año una querella criminal de la entidad E-Cristians.

La segunda fase de la operación se materializó el 17 de diciembre, con la detención de otras siete personas vinculadas a la trama abortista. En concreto, fueron arrestados dos psiquiatras, dos anestesistas del Hospital Sant Pau de Barcelona y tres ginecólogos, entre ellos, Tomás P.P., vocal de la sección ginecológica del Colegio de Médicos de Barcelona y encarcelado junto a Morín en 1989 en Alicante por acusaciones similares.

En esta ocasión, los dos psiquiatras ingresaron en prisión provisional sin fianza por presuntamente facilitar abortos ilegales a través de informes médicos realizados de forma irregular a las pacientes. Dos anestesistas y dos ginecólogos quedaron en libertad tras pagar una fianza de 4.000 euros, mientras que Tomás P.P. quedó libre con la obligación de presentarse cada semana en el juzgado.

A todos se les imputan presuntos delitos de aborto ilegal, asociación ilícita y falsedad documental, excepto a Tomás P.P., a quien sólo se le atribuyen los dos primeros delitos. Con los arrestos practicados en la segunda fase, ya son 13 los detenidos por esta supuesta trama descubierta en octubre de 2006, tras hacerse público un reportaje de cámara oculta de la televisión danesa DR en el que una periodista embarazada de 26 semanas pedía abortar.

COMISIÓN ROGATORIA DE HOLANDA.

Por otra parte, el 11 de enero, la juez instructora y una comisión rogatoria de Holanda tomaron de nuevo declaración a Morín y a otros cinco detenidos --una anestesista, un psiquiatra y tres ginecólogos-- para investigar el caso de una mujer holandesa que viajó a Barcelona para abortar pasadas las 24 semanas de gestación, límite máximo en su país.

Este caso no tiene relación directa con la trama desarticulada entre noviembre y diciembre, aunque podría revelar alguna de las prácticas habituales de las clínicas investigadas.