(Ampl.) El CGPJ admite la dimisión del presidente de lo Social del TSJ canario y del de la Audiencia de Tenerife

Actualizado: miércoles, 20 septiembre 2006 21:51

Los ocho vocales en contra entienden que si el Consejo reconoce así la irregularidad de sus nombramientos debería anularlos de oficio.

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aceptó hoy por diez votos a favor y ocho en contra la dimisión presentada por Antonio Doreste Armas como presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y de Ramón Navarro Miranda como presidente de la Audiencia Provincial de Tenerife.

El acuerdo contó con los votos en contra del vicepresidente del Consejo, Fernando Salinas, y los vocales María de los Angeles García, Luis Aguiar, Juan Carlos Campo, Alfons López Tena, Montserrat Comas, Félix Pantoja y Agustín Azparren. Todos ellos presentaron un voto particular, al que se ha adherido el vocal Javir Martínez Lázaro, en contra del acuerdo adoptado.

El argumento de la minoría progresista es que aceptar una dimisión en la que se alega como motivo "la irregularidad puramente procesal" producida en el nombramiento, supone reconocer que existen nombramientos irregulares por parte del órgano de Gobierno de los jueces.

Por ello, el voto particular, al que ha tenido acceso Europa Press, considera ineludible "iniciar por parte del CGPJ la revisión de oficio de los actos del Pleno que acordaron los nombramientos cuestionados por falta de motivación, tanto los de los presentes dimisionarios como todos los demas" y "dar instrucciones al abogado del Estado que defiende ante la Sala III del Tribunal Supremo la legalidad de los nombramientos recurridos por falta de motivación, para que en nombre de este Consejo se allane (el camino) a las demandas presentadas" contra otras designaciones.

El escrito de la minoría comienza explicando que "se trata, por primera vez en el CGPJ, de aceptar unas dimisiones presentadas por quienes pretenden presentarse de nuevo para los mismos cargos, por entender ellos que su nombramiento vigente adolece de 'irregularidad puramente formal'".

"Aparentemente -prosigue el escrito- se trata de resolver una situación de interinidad y anticipar una decisión con la que los peticionarios se conforman, sin esperar el pronunciamiento judicial expreso, pero en realidad intentado obviar los efectos de una eventual sentencia anulatoria, pues la remoción de los nombrados por aceptarse su dimisión no provoca la retroacción de las actuaciones habidas en el procedimiento de selección del nombrado, sino la incoación de un nuevo expediente con la convocatoria ex novo de la plaza."

En este sentido, el vocal del CGPJ Juan Carlos Campo declaró a Europa Press que la actitud de la mayoría del Consejo supone una "esquizofrenia procesal", puesto que no anula de oficio los nombramientos en los que admite que existen irregulares y al mismo tiempo permite que el abogado del Estado siga defendiendo sus nombramientos ante el Tribunal Supremo en los recursos presentados contra ellos.

FALTA DE MOTIVACIÓN.

Tanto la dimisión de Antonio Doreste como presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, como la de José Ramón Navarro Miranda como presidente de la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife se presentaron alegando la irregularidad "puramente formal" que se había producido en el nombramiento "y no por razones de fondo o de otra clase".

La "irregularidad" esgrimida es la necesidad de motivar los nombramientos del Consejo como ordenó el Tribunal Supremo, al anular el de Javier Gómez Bermúdez como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Los nombramientos de Doreste y Navarro también fueron recurridos ante el alto tribunal. Según la reciente doctrina del Supremo, ambos serán anulados por falta de motivacion.

En el Pleno de hoy se han anunciado las dos plazas para cubrirlas. Tanto Doreste como Navarro tienen intención de volver a presentarse. En el caso de volver a ser elegidos, lo que parece la opción más probable, serán designados por otros cinco años que se sumarán al periodo de alrededor de año y medio que llevan en el mismo cargo.