Si se acuerda que carecen de este derecho, los jueces que secunden los paros podrían ser sancionados
MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene previsto celebrar un pleno extraordinario -que previsiblemente tendrá lugar el próximo jueves, aunque la fecha aún no está decidida-, para estudiar si los jueces tienen derecho o no a hacer huelga y, en caso positivo, decidir qué organismo debería ser el encargado de establecer los servicios mínimos.
La sesión extraordinaria responde, según fuentes del órgano de Gobierno de los Jueces, a sendos escritos remitidos por las asambleas de jueces celebradas el pasado día 21 en Tarragona y Las Palmas de Gran Canaria, en donde los asistentes decidieron respaldar un paro el próximo 18 de febrero. En estos escritos se pregunta al Consejo cuáles deben ser los servicios mínimos a cumplir, al considerarse que debe ser el CGPJ el encargado de fijar estos criterios.
Si, por el contrario, se decide que los jueces carecen del derecho a la huelga, tal y como se sostiene desde el Gobierno, aquéllos que la secunden podrían incurrir en infracción disciplinaria y ser sancionados. Dicha sanción, cuya gravedad no se ha especificado por el momento, sería, en todo caso, recurrible ante el Tribunal Supremo.
La convocatoria de huelga es respaldada, por el momento, por un 20 por ciento de la carrera judicial que votó a favor de ella en las diferentes juntas celebradas el 21 de enero en prácticamente todos los órganos judiciales españoles, a las que se sumaron el pasado viernes dos de las cuatro asociaciones de jueces que actúan como interlocutoras de este colectivo ante el Ministerio de Justicia.
Se trata de la segunda asociación más fuerte por número de afiliados, la Francisco de Vitoria (FdV), y la minoritaria Foro Judicial Independiente (FJI), que rompieron de este modo con la coordinadora interasociativa que mantenía las negociaciones con el Ministerio.
Precisamente hoy, las dos asociaciones judiciales que el pasado viernes decidieron sumarse a la convocatoria de huelga, la Francisco de Vitoria (FdV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), contestaron al ministro, Mariano Fernández Bermejo, que la posibilidad de prohibir por Ley las huelgas de jueces "es un acto desvergonzado" y manifestaron su opinión de que una posible intervención en ese sentido no llegaría a tiempo para frenar el paro previsto para el día 18.
"Sería el único país civilizado con una legislación para prohibir una huelga de jueces, no existe ningún país, ni Portugal, ni Francia, ni siquiera Estados Unidos, donde exista una legislación así", denunció a Europa Press el nuevo portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria (Fdv), Marcelino Sexmero. En ese sentido, recordó cómo "en 2005 en Italia se celebró una huelga de jueces y ni Berlusconi, que para otras cosas se las trae, lo prohibió".
Asimismo, valoró la posibilidad de la prohibición como "un acto desvengonzado por parte del Ministerio" y admitió que "el legislador es soberano, pero matizó que deberá hacerlo en otro momento". En cualquier caso, Sexmero, manifestó su confianza en que una posible intervención del legislador "no llegaría a tiempo antes del 18" de febrero ya que según dijo, requiere una Ley Orgánica.
Por su parte, el portavoz del Foro Judicial Independiente (FJI), Conrado Gallardo expresó que "el Parlamento es el poder superior, pero no el absoluto y está sometido a la Constitución".
"Si el Parlamento prohíbe la huelga iremos al Constitucional" advirtió Gallardo quien coincidió con Sexmero en que no dará tiempo una prohibición por ley antes de la huelga del 18.
"Si hay que suspender la huelga habrá que tener la autorización pero la haremos en cuanto la tengamos, siempre usaremos vías legales", sentenció, en declaraciones a Europa Press.
El ministro en una entrevista concedida hoy al diario 'Público admite que "de hoy al 18 de febrero es evidente que no va a dar tiempo". "No nos va a dar tiempo a legislar pero, evidentemente, estamos reflexionando sobre eso", dijo. Actualmente, la Ley no permite a los jueces convocar huelgas por ser un poder del Estado, pero tampoco lo prohíbe expresamente.
