15 de noviembre de 2019
18 de febrero de 2009

AMPL.-Jueces.-Más del 60% de jueces titulares y un 4,3% de los sustitutos secundan la huelga en Santa Cruz de Tenerife

Los jueces y magistrados de la provincia occidental piden "menos injerencias políticas y más inversión de medios"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 60,75 por ciento de los jueces titulares y un 4,3 por ciento de los sustitutos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se han sumado hoy a la convocatoria de huelga convocada por la judicatura en toda España para exigir al Gobierno central y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) medidas estructurales ante la falta de medios y las deficiencias en el modelo actual.

El titular del juzgado de lo social número 3 de Santa Cruz y portavoz del Comité de Huelga, José María Riestra, hizo públicos estos datos esta mañana, explicando que de los 79 jueces titulares con los que cuenta la provincia tinerfeña, 47 de ellos han secundado el paro, mientras que sólo uno de los 23 magistrados sustitutos se ha sumado a la convocatoria.

El seguimiento de la huelga, según informó el miembro del comité de huelga, Jorge Riestra, ha sido "un éxito", al tiempo que aseguró que la jornada ha transcurrido con normalidad, cumpliéndose los servicios mínimos. Los jueces y magistrados reclamaron en una concentración en la entrada del Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife, más inversiones en el sector para acometer la definitiva modernización de la justicia.

Se trata, en definitiva, de reivindicaciones "justas y necesarias" cuyo incumplimiento, subrayó el portavoz del comité de huelga, provocan "día a día, un deterioro de la justicia". En esta línea, piden la "efectiva y urgente" instauración de la nueva oficina judicial con delimitación precisa de las funciones y responsabilidades dentro del ámbito de la administración de justicia.

Los jueces y magistrados de la provincia occidental reclaman la plena incorporación de las nuevas tecnologías a la administración de justicia, el incremento de la inversión en el sector en el plazo de cinco años dentro de la media europea --pasando del 1 por ciento al 3 por ciento de la media de inversión europea--, garantizar la cobertura de las vacantes de funcionarios adecuadamente formados, revisión en profundidad de la actual planta judicial para acomodarla a la carga real de trabajo, incremento de las plazas judiciales mediante la convocatoria de al menos 250 plazas anuales en un plazo de cinco años, arbitrar un sistema adecuado de sustituciones, facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, y la aplicación de la ley de retribuciones cuando la crisis lo permita.

"REITERADOS INCUMPLIMIENTOS" DEL GOBIERNO CANARIO

Los magistrados de la provincia occidental condenaron los "reiterados incumplimientos" del Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Justicia, que según Riestra, se han puesto de manifiesto en el retraso en la puesta en funcionamiento de los nuevos juzgados que deberían haberse creado en la Audiencia Provincial en diciembre de 2008, circunstancia que no se dará hasta mayo del presente año.

Además, el portavoz de la asamblea de jueces denunció que "se ha renunciado" por parte de la Comunidad Autónoma a crear cuatro de ocho unidades judiciales --tanto juzgados como secciones de audiencia-- ofertadas por el Ministerio de Justicia en 2009. Riestra también reprochó al Ejecutivo autónomo la dilación en la construcción de los nuevos palacios de justicia de Santa Cruz y La Laguna, el mal estado de otras dependencias judiciales y el retraso en la creación de nuevos partidos judiciales.

Por partidos judiciales, en Tenerife fueron cinco de siete jueces titulares los que secundaron la huelga en Arona, el único juez titular de Granadilla también hizo lo propio, lo mismo ocurrió en Puerto de la Cruz, uno de los dos de Güímar también fue a la huelga, al igual que los dos Icod y La Orotava y seis de los nueve de La Laguna. Respecto a La Palma, un magistrado titular secundó el paro en Los Llanos. Ninguno de los jueces de La Gomera fue a la huelga.

Los jueces apuestan por "menos injerencias políticas y más inversión de medios" y subrayaron que la huelga no ha mermado los derechos fundamentales de los ciudadanos ya que todos los jueces han estado "disponibles" en caso de ser necesario.