La acusación considera que actuó "con premeditación y alevosía" mientras la defensa cree que "estaba fuera de la realidad"
MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -
El juicio contra Noelia de Mingo quedó hoy visto para sentencia tras la celebración esta mañana de la última sesión del proceso que se sigue en la Audiencia Provincial de Madrid desde el pasado día 9, y donde los abogados defensores exigieron la absolución e ingreso en un centro psiquiátrico de la única imputada, que una vez más se negó a declarar.
Por su parte, el Ministerio Público añadió la imputación de un delito de amenazas a una de las víctimas a su solicitud inicial de 65 años y 11 meses de prisión para De Mingo por tres asesinatos consumados, tres en grado de tentativa, un delito de lesiones grave y una falta de lesiones.
Además, el fiscal introduce en su escrito el eximente por esquizofrenia paranoide de la acusada pero deja abierta, a elección del tribunal, la posibilidad de que esta circunstancia sea completa, como pretenden los abogados defensores, o incompleta, principal solicitud de las acusaciones particulares.
Según el Ministerio Fiscal, sería completa la eximente ya que ha quedado demostrado con la declaración de dos psiquiatras y dos psicólogas que De Mingo "tenía esquizofrenia paranoide con delirios y alucinaciones", pero podría considerarse incompleta si se toma en consideración que, "estando enferma, no buscó tratamiento para su dolencia durante dos años".
En este sentido, la primera hipótesis, avalada por la mayoría de los informes forenses, conllevaría que De Mingo debería cumplir su pena en un centro psiquiátrico, mientras que la otra posibilidad le obligaría a ingresar en el módulo de enfermería de una instalación penitenciaria.
Por otro lado, el fiscal demanda que por vía de responsabilidad civil la acusada indemnice a los familiares de los fallecidos y a los heridos con casi 800.000 euros, "siendo responsable civil subsidiario la Clínica de la Concepción (Fundación Jiménez Díaz) y la aseguradora Mapfre, en virtud y dentro de los límites del seguro concertado".
85 AÑOS DE CÁRCEL
En lo que respecta a las acusaciones particulares, incluida la popular ejercida por la Asociación el Defensor del Paciente (ADEPA). éstas mantuvieron su petición de 85 años y 5 meses de cárcel, al tiempo que modificaron al alza algunas de las indemnizaciones.
El principal eje de debate entre las partes en la sesión giró en torno a la eximente completa o incompleta por la esquizofrenia paranoide de De Mingo. Para el abogado Carlos Sardinero, que representa a los familiares de varias víctimas, la patología de la médico residente "no es condición suficiente para que se le aplique eximente alguno".
En la misma línea se manifestó el letrado de ADEPA, quien consideró que De Mingo "sabía distinguir perfectamente el bien del mal, conservaba su inteligencia íntegra, actuó con premeditación, alevosía e intencionalidad a tenor de cómo preparó su acción y cómo desarrolló los hechos, comprando previamente el cuchillo y escondiéndolo durante toda la mañana antes de cometer los asesinatos".
RESPONSABILIDAD DE LA CLÍNICA
Todas las acusaciones particulares coincidieron en implicar a la Fundación Jiménez Díaz como responsable de los actos cometidos por la doctora, al considerar que "se tenía la sospecha de los problemas que tenía De Mingo, pero nadie hizo nada". "Es increíble y sorprendente que los responsables del centro sanitario no se encuentren sentados en el banquillo de los acusados", dijo el abogado de ADEPA.
En su turno de intervención, el letrado defensor afirmó que "en ningún momento ha discutido los hechos probados" y tampoco quiso entrar a valorar si dos o tres años antes de los acontecimientos se hubiesen podido evitar los mismos. No obstante, precisó que "está probado" que su patrocinada "en ningún caso buscó esa situación".
"No persiguió a nadie, nunca preparó su acción, no focalizó los actos en una persona concreta, y el cuchillo no era un medio para conseguir su fin, sino para defenderse. Además, tenía la voluntad anulada por su enfermedad y estaba completamente fuera de la realidad, sin ser consciente de lo que realizaba ni de la patología que sufría", explicó, por lo que exigió la absolución de su defendida y su internamiento en un centro psiquiátrico.
Finalmente, la defensa de la Fundación Jiménez Díaz reprochó a la sala que durante el proceso "se haya intentado hacer un juicio paralelo a determinados trabajadores de la clínica". Recordó que sí han asumido la responsabilidad subsidiaria por Mapfre, cuyo representante calificó las cantidades fijadas por esta aseguradora de "muy generosas, por encima de los baremos obligatorios".
El presidente de la sala, el magistrado Miguel Hidalgo, fijó la notificación de la sentencia para el día 7 de junio a las 12.30 horas y exigió a los representantes legales de De Mingo, la Fundación Jiménez Díaz y la aseguradora Mapfre "sensibilidad" para comenzar a dar las indemnizaciones a las víctimas "cuanto antes, nada más conocerse el fallo".
DE NUEVO EN EL BANQUILLO
De Mingo se sentó hoy de nuevo en el banquillo de los acusados, ya que en la segunda sesión, celebrada el pasado día 10, pidió no acudir al juicio para que las vistas no afectaran al tratamiento médico que está recibiendo.
Con pantalón y zapatos granates, camisa beige, esposada y custodiada por un agente de policía a su izquierda, la doctora permaneció la mayor parte de la sesión con la cabeza agachada y la vista completamente perdida. Solo de vez en cuando levantaba la cabeza, miraba a los letrados y parecía prestar atención a lo que sobre ella se decía.
Sin embargo, durante el turno de los abogados defensores, puso la máxima atención a las explicaciones ofrecidas por su letrado, por el del la Fundación Jiménez Díaz y por el de Mapfre. Finalmente, y tras asegurar que no tenía nada que declarar, De Mingo abandonó la sala entre los insultos de una de las presentes, concretamente la familiar de una de las víctimas.
