Las acusaciones piden entre 8 y 20 años de prisión para los procesados, entre los que también está el exsenador de Bildu Iñaki Goioaga
MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
La Audiencia Nacional ha fijado para mediados del próximo mes de septiembre el juicio a 47 presuntos integrantes del denominado 'frente de cárceles' de ETA bajo la cobertura de los distintos entes de los que formaban parte, entre ellos el colectivo de abogados BL, la organización de apoyo a presos Herrira, la asociación de asistencia sanitaria Jaiki Hadi o la de familiares de reclusos Etxerat. Entre los acusados están la conocida abogada de etarras Arantza Zulueta y el exsenador de Bildu Iñaki Goioaga.
Según el auto de señalamiento del juicio que ha emitido la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, la vista oral comenzará el 16 de septiembre y se prevén casi una veintena de sesiones --el último día será el 28 de noviembre-- que se celebrarán en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid).
La Fiscalía y la acusación popular que ejerce la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) piden penas para los 47 acusados que oscilan entre los 8 y los 20 años y 5 meses de prisión por delitos que van de participación activa en organización terrorista, colaboración y financiación del terrorismo a enaltecimiento y quebrantamiento de medidas cautelares.
Las acusaciones sitúan a Arantza Zulueta y Jon Enparantza en calidad de "dirigentes" y piden para ellos 14 años de cárcel por participación activa en organización terrorista, si bien no son los acusados que se enfrentan a una mayor pena, ya que Francisco Javier Balda, integrante del Movimiento Pro Amnistía, impulsor de la iniciativa Egin Dezagun Bidea y portavoz de Herrira podría ser condenado a 20 años y 5 meses por la acumulación de varios delitos: participación activa, enaltecimiento, financiación del terrorismo y quebrantamiento de cautelares.
MANTENER LA COHESIÓN Y LA FIDELIDAD A ETA
Este 'frente de cárceles' fue desarticulado en las operaciones 'Jaque', 'Mate' y 'Pastor' practicadas en enero de 2014, enero de 2015 y marzo de ese mismo año, más de una década después de que por orden de ETA se creara el denominado 'Koordinazio Taldea/Grupo de coordinación', también denominado KT por sus siglas en euskera, cuya función principal era dirigir el EPPK (colectivo de presos) de forma integral, garantizando la cohesión de sus miembros y su fidelidad a la banda, ejerciendo dicha función siempre de forma subordinada a la organización terrorista y de acuerdo a las directrices generales que ETA le hacía llegar.
Según las acusaciones, el KT diseñaba y organizaba las campañas de movilización y reivindicación que realizaban los presos en el interior de las prisiones, dirigía y dinamizaba los procesos de debate y reflexión que desarrollaban sus miembros, realizaba un seguimiento directo de la situación de cada preso de ETA, actuaba como portavoz del EPPK, elaborando y difundiendo sus comunicados oficiales y mantenía permanentemente informada a ETA de la situación del conjunto de miembros del EPPK.
Sus miembros, explican los escritos de acusación, a los que ha tenido acceso Europa Press, son "plenamente conocedores de su dependencia orgánica de ETA y su actividad contribuye a los fines" de la organización terrorista.
Por su parte, el 'colectivo de abogados', era una estructura formada por abogados en activo (los 'bertsolaris' o 'pintores') que, sirviéndose de su condición de letrados, además de asistir jurídicamente a los miembros del EPPK realizaban funciones de "asistencia política" a los mismos, recopilando y centralizando todo tipo de información relacionada con los presos que formaban parte de dicho grupo, información que se remitía posteriormente a las estructuras de dirección del 'frente de cárceles'. La realización de esas actividades convertían al 'colectivo de abogados' en uno de los principales instrumentos, tanto de ETA como del KT y de Askatasuna.
Los documentos que se incautaron en la detención del exdirigente de ETA Mikel Albisu Iriarte, 'Antza', acreditaron que en 2004 la reestructuración de los presos de la banda que se había iniciado un año antes se iba consolidando y cómo ETA continuaba ejerciendo la dirección y supervisión de este entramado organizativo creado para gestionar todo lo relacionado con los presos de la organización terrorista, en el denominado 'frente de cárceles'.
REORGANIZACIÓN EN 2012
Según las acusaciones, este frente se mantuvo prácticamente igual hasta 2012, es decir, tras el cese definitivo de la actividad terrorista de ETA, cuando se produjo una reorganización en el que el colectivo de presos se planteó como uno de los principales elementos de movilización de la base social de la organización y su entorno, con reivindicaciones a favor de los derechos supuestamente vulnerados de los miembros del EPPK como factor que permite acumular fuerzas procedentes de otros sectores políticos y sociales ajenos a la izquierda abertzale y así tratar de aumentar la presión política y social. Por eso, ETA necesitaba mantener a los presos cohesionados y unidos.
A la mayoría de acusados en este procedimiento se les acusa de participación activa en organización terrorista, como Iñaki Goioaga, quien se enfrenta a peticiones de 11 años de prisión; sólo Naia Zurriarain será juzgada por colaboración con ETA, para quien se solicitan 8 años.
En la vista también se sentará en el banquillo la abogada Amaia Izco, quien ejerció la defensa de dos de los acusados por la agresión a dos guardias civiles en Alsasua en octubre de 2016, Jokin Unamuno y Ainara Urquijo, condenados a 12 y 2 años, respectivamente.
