La Fiscalía guatemalteca le acusaba de cohecho activo y fraude al conseguir la adjudicación de una obra pública "administrando" mordidas
MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -
La sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional negó el pasado mes de mayo la extradición a Guatemala del empresario Ángel Pérez-Maura por su condición de español, aunque abrió la puerta a que fuese enjuiciado en territorio nacional por el delito de cohecho, uno de los que le imputaba la justicia de aquel país en un caso en el que habría tenido intereses el excomisario ahora en prisión José Manuel Villarejo.
El auto, de la que fue ponente la magistrada Ángela Murillo, razona que si bien no hay "indeterminación" en las imputaciones remitidas por el Ministerio Público de Guatemala y "los hechos aparecen descritos con suficiente detalle y precisión" como para analizar si son constitutivos de delito en España, prima su condición de ciudadano español para denegar la extradición.
En este sentido, la Fiscalía española, que se opuso a la entrega, argumentó que existe un tratado bilateral de extradición entre Guatemala y España pero no obliga en ningún caso a los Estados a entregar a sus propios nacionales y además, en el caso guatemalteco no ofrecería reciprocidad porque allí está expresamente prohibido hacerlo. En España no hay tal prohibición, pero por regla general no se extradita los españoles.
ES "FÁCIL" JUZGARLE EN ESPAÑA
En cuanto a los delitos que se le imputan, la Sala señala que "aún aceptando" que pudieran constituir en España "delitos de asociación ilícita, cohecho y fraude en la contratación", lo cierto es que el mencionado tratado de extradición se sustenta en una lista de 24 delitos donde no figuran ni la asociación ilícita ni el fraude, así que sólo podría efectuarse la entrega por cohecho.
En este sentido, la magistrada apunta "la facilidad de proceder a su enjuiciamiento en nuestro país por el delito de cohecho a instancias de las autoridades de Guatemala", que es lo que solicitaba de forma subsidiaria el Ministerio Fiscal de aquel país en la petición de extradición, como otro argumento para rechazar que sea extraditado. No hay constancia de que la justicia guatemalteca haya impulsado este procedimiento dentro de España.
ADJUDICACIÓN SIN PROCEDIMIENTO LEGAL
Pérez-Maura está reclamado por Guatemala en el marco de un caso de corrupción en la adjudicación de una obra portuaria que ha llevado a la cárcel a su expresidente, Otto Pérez Molina. Según el escrito que remitió el Ministerio Público guatemaltés a España, este empresario cántabro se acercó a las autoridades de aquel país para conseguir que le facilitasen la ejecución de una terminal de contenedores en la localidad de puerto Quetzal.
Una vez realizado este "acercamiento", constituyó una sociedad en Guatemala a la que le fue dado en usufructo el terreno donde se realizarían las obras, todo esto "sin procedimientos administrativos como el de licitación" y "sin tener el marco técnico jurídico y financiero" ni "elementos de juicio para considerar que era un negocio acorde con los intereses patrimoniales del Estado, sin ninguna regla de equilibrio entre el precio y la cosa".
Así, "se dio cabida al cúmulo de ilegalidades observadas, cláusulas ocultas de defraudación, sin que puedan atenderse principios de buena fe y confianza legítimos", porque, según el Ministerio Público de Guatemala, "los contratos se hicieron de tal manera, fraudulenta e ilegal, a ciencia y paciencia de todos los partícipes" porque "estaba previsto recibir pagos millonarios a cambio de un cúmulo de ilegalidades" que el empresario español "administraba".
La Audiencia Nacional, en el marco del conocido como caso 'Tándem', investiga las relaciones de Villarejo entre otros, con este empresario que según diversas informaciones, habría pagado al ex policía para que intentase frustrar la extradición recurriendo a sus contactos. En concreto, habría acudido al exjuez Baltasar Garzón y a la anterior fiscal y ahora ministra de Justicia Dolores Delgado, extremo que ambos han desmentido categóricamente.
