MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -
Los servicios jurídicos del PP están estudiando las posibilidades de adoptar medidas judiciales por una posible vulneración de derechos fundamentales del Consejero balear de Interior y secretario general del partido en las islas, José María Rodríguez, según confirmaron a Europa Press fuentes de la dirección 'popular'.
Rodríguez tuvo su teléfono móvil 'pinchado' durante varios días por orden del juez que instruye el 'caso Andratx', que tomó la decisión a instancias del fiscal Anticorrupción en Baleares, Joan Carrau, entendiendo que podría existir delito de encubrimiento o revelación de secretos.
Antes que el consejero y secretario general del PP en Baleares había tenía intervenidas sus comunicaciones telefónicas el alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo. A raíz de ese 'pinchazo' al regidor se supo que el consejero de Interior pudo advertir a Hidalgo de que "iba a haber lío", aludiendo así a la puesta en marcha de la 'operación Voramar'.
En este contexto, la Fiscalía Anticorrupción instó al juez a intervenir también el teléfono del consejero y 'número dos' de los 'populares' de Baleares. Esa intervención podría haberse prolongado por dos meses, pero fue el fiscal quien pidió que se pusiera fin a la misma una semana después, sin que se apreciara indicio de delito en relación con el 'caso Andratx', según el auto del juez responsable.
¿VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES?
Una vez que se ha dado a conocer ese auto, la dirección del PP entiende que podrían haberse vulnerado los derechos fundamentales del consejero Rodríguez a partir de una petición de intervención de comunicaciones de la Fiscalía que, supuestamente, buscaba prevenir un delito.
Por ello, sus servicios jurídicos están estudiando ya las posibilidades de acudir a los tribunales por este asunto, al tiempo que el Grupo Popular en el Congreso ya ha solicitado la comparecencia del Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, para que responda por la utilización "perversa" que, a su juicio, se ha hecho de los medios del Estado al ordenar que se pinchase el móvil del consejero de Interior del Gobierno balear.
Por su lado, el Gobierno balear ha instado esta mañana al Fiscal Jefe de Baleares, Bartomeu Barceló, para que actúe de oficio contra aquellos medios de comunicación que hayan dado por hecho que el Ejecutivo de las islas avisó al alcalde de Andratx de que se abriría un caso en el que, finalmente, ha sido imputado.
