La Fiscalía Anticorrupción ha pedido este jueves en la Audiencia Nacional la reapertura de la pieza relativa a las contrataciones del Gobierno valenciano con las empresas de la trama Gürtel, para investigar si el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps cometió delito de prevaricación en una de las adjudicaciones investigadas, informa en una nota el Ministerio Público. De esta manera, ha registrado un escrito ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal para pedir que la pieza 5, relativa íntegramente a adjudicaciones irregulares por parte de diversas consellerías y sociedades públicas valencianas y que estaba pendiente de señalamiento para juicio oral, se remita de nuevo al magistrado instructor José de la Mata. Lo que pretende Anticorrupción es que se investigue una adjudicación con fecha de 30 de diciembre de 2008 por parte del Gobierno valenciano, presidido en esos momentos por Camps, por un posible delito de prevaricación el cual no estaría prescrito porque no han transcurrido todavía los diez años de plazo. Se pretende indagar acerca de las eventuales indicaciones que la entonces directora de Promoción Institucional de la Generalitat Valenciana, Dora Ibars --que sí está acusada por estos hechos-- recibió de sus superiores para adjudicar la contratación en los términos en los que lo hizo, dado que su puesto de trabajo dependía directamente de Presidencia. Precisamente Ibars declaró en calidad de testigo en el juicio de la Gürtel por la presunta financiación ilegal del PP valenciano y dijo al respecto que no se reunió con ninguna persona de Orange Market, la empresa de Francisco Correa, para tratar asuntos relacionados con campañas electorales ni con nadie del PP ni del Gobierno valenciano para hablar de presupuestos. La Fiscalía toma esta decisión a tenor de la versión prestada durante la vista oral por el exsecretario general del PP de la Comunidad Valenciana (PPCV) Ricardo Costa (condenado a cuatro años por estos hechos) quien dijo que fue Camps el que decidió contratar con la empresa de Correa para organizarlos actos de campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y generales de un año después. También tiene en cuenta la versión mantenida en sede judicial por el propio Correa, Pablo Crespo y el empresario Álvaro Pérez 'el Bigotes' además de algunas declaraciones de testigos tanto en la fase de instrucción como durante la vista oral; las conversaciones telefónicas intervenidas judicialmente entre el 6 de agosto de 2008 y el 6 de febrero de 2009 y diversos correos electrónicos intervenidos en la sede de Orange Market en febrero de 2009. El Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó por estos hechos a Correa a cinco años y tres meses de cárcel; a Pérez a seis años y nueve meses; a Pablo Crespo a cinco años de cárcel y otros implicados en esta pieza de la trama como fueron los nueve empresarios que reconocieron que habían pagado de forma irregular parte de las facturas de estos actos electorales. Sin embargo la sentencia no emitió pronunciamiento alguno sobre las posibles responsabilidades de Camps en la financiación irregular del PP valenciano, si bien dio total credibilidad a las confesiones de Costa, que también señaló al exvicepresidente de la Generalitat Víctor Campos, como responsable de esta dinámica. El magistrado José María Vázquez Honrubia expuso en su resolución del pasado mes de junio que los hechos enjuiciados se remontan a 2007 y 2008 y que las declaraciones que prestaron tanto Camps como Campos en el juicio en calidad de testigos fueron "infructuosas" puesto que "nada saben, nada recuerdan, nada conocen".
